La Defensoría del Pueblo advirtió un recrudecimiento acelerado de la violencia en la primera semana del año y pidió una respuesta inmediata y extraordinaria del Estado.
El máximo jefe del ELN en el occidente del país era señalado de ordenar paros armados, desplazamientos forzados y confinamientos. Por su captura se ofrecía una recompensa superior a $1.600 millones.
Se trata de una empresa española que nunca cumplió con la entrega de una aeronave no tripulada.
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