Esta iniciativa que busca promover el desarrollo rural y su seguridad jurídica, pasará a revisión de la Corte Constitucional y, posteriormente, a sanción presidencial.
El mandatario precisó que se trata de cumplir con la transformación del territorio y con la verdad judicial para alcanzar el perdón social.
Son cerca de 1.500 familias ahora podrán administrar la tierra para el desarrollo productivo
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