Polémica en Marsella, Risaralda, por la llegada de comunidad indígena trasladada por la SAE y la ANT

Pereira

Un ambiente de inconformidad se vive en el municipio de Marsella, Risaralda, tras la llegada de cerca de 160 integrantes de una comunidad indígena a la finca Los Pinos, ubicada en la vereda La Palma, en una situación que ha generado preocupación tanto en la ciudadanía como en las autoridades locales y departamentales.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el grupo, conformado en un 25 % a 30 % por menores de edad, además de madres y adultos mayores, habría sido trasladado desde Bogotá por entidades del orden nacional, entre ellas la SAE y la Agencia Nacional de Tierras, hacia este predio que, según se indicó, se encuentra en proceso de extinción de dominio.

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Sin embargo, la llegada de estas familias ha generado una gran preocupación en el municipio debido a las condiciones del terreno, que no cuenta con servicios básicos como acueducto ni infraestructura sanitaria, lo que podría derivar en riesgos de salud pública para la comunidad asentada.

A esto se suma la controversia jurídica sobre la propiedad del predio. Carlos Ramírez, quien se identifica como propietario de la finca, aseguró que el proceso legal aún se encuentra vigente y que no ha sido notificado oficialmente sobre la pérdida del bien, lo que incrementa la incertidumbre frente a la legalidad de la ocupación.

“Este predio está dentro de una investigación por extinción de dominio, pero este predio no ha sido objeto de sentencia de extinción. Está en proceso tanto que yo estoy al frente del caso y estoy pendiente de que se me resuelva una improcedencia extraordinaria de esa medida, o sea que estoy en defensa de lo mío. Yo siempre he estado al frente y me extraña que venga y se me violente en los derechos fundamentales, el derecho al debido proceso. Por Dios, estoy preocupado porque el derecho a la propiedad privada lo están maltratando, lo están pisoteando”, afirmó el señor Ramírez.

Por su parte, el alcalde de Marsella, Alberto Peláez Henao, manifestó su rechazo a la situación, señalando que ni la administración municipal ni las autoridades departamentales fueron informadas previamente sobre el traslado de la comunidad. Según indicó, el municipio no cuenta con las condiciones para recibir a este grupo poblacional.

“Son 160, son 39 familias, más de 30 niños de 0 a 5 años, cuatro madres gestantes, adultos mayores. Ya teníamos una situación hace año y medio donde se intentó traer unas comunidades, pero no había garantías. Como no las hay ahora tampoco y nos preocupa que hayan tomado una decisión. Que hubo planeación para visitar el predio hace 15 días, pero nunca para visitar al gobernador o al alcalde o a cualquier entidad del orden territorial, para articular entre entidades e instituciones y darles garantías de los derechos a esas comunidades. En este momento consideramos que se han vulnerado los derechos de esas personas”, denunció el alcalde Peláez Henao.

El malestar también se ha hecho sentir entre los habitantes de Marsella, que han realizado plantones en la plaza principal del municipio para expresar su inconformidad y exigir soluciones inmediatas al Gobierno Nacional.

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Las autoridades locales reiteraron el llamado a las entidades responsables para que se adopten medidas urgentes que garanticen tanto el bienestar de la comunidad indígena como el respeto por la legalidad y las condiciones del territorio.