La Unión Interamericana de Organismos Electorales alertan que hay una violencia política destinada a perturbar las instituciones y organismos a cargo de las elecciones en la región, particularmente en América Latina.
La Secretaria Adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, confirmó que el Gobierno de Colombia ya hizo una solicitud para la presencia de una misión de observación electoral antes y durante las elecciones
Naciones Unidas exigió la liberación de Martha Lia Grajales, directora de la ONG SurGentes, cuyo paradero es desconocido tras su detención el 8 de agosto.
Tras una tutela de la Fundación para Libertad de Prensa, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció la existencia de un patrón de violencia.
En este incidente, que habría sido protagonizado por un habitante de calle, 3 computadores fueron hurtados. Las autoridades iniciaron investigaciones.
En una carta firmada por los jefes de debate y de campaña, así como 50 congresistas, instan a la Comisión a que exija garantías al Estado colombiano.
El candidato Federico Gutiérrez aseguró que aunque esa información no afectará sus actividades, debe ser verificada por los organismos de inteligencia
El MinInterior Daniel Palacios confirmó un incremento en su equipo de protección, para los desplazamientos, y medidas adicionales para plaza pública.
El jefe de debate de Gustavo Petro aseguró que pese al plan para atentar contra el candidato, se preparan para volver de inmediato a la plaza pública.
La Misión de Observación Electoral mostró su preocupación por la pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema electoral y por la violencia.
Más de 20 Embajadas y Naciones Unidas pidieron frenar los ataques para desarrollar las elecciones “en un ambiente sin violencia”.
El partido surgido del acuerdo de paz advirtió a la comunidad internacional que no han podido desplazarse por el país para hacer su campaña electoral.
Rabia y tristeza ocasiona el asesinato de una menor de 11 años de edad, este lunes festivo en el municipio de El Pital.
La colectividad denunció que con este homicidio, presentado en el municipio de Miranda, llegaron a los 273 exguerrilleros asesinados desde la firma.
De acuerdo con la colectividad, el firmante Fernando Trochez fue una de las víctimas de la masacre en Gualanday, municipio de Santander de Quilichao.
Advierten que desde la firma del acuerdo, 242 excombatientes han sido asesinados. Y tras la última reunión con el Gobierno, se han presentado 6 casos.
El exvicepresidente Germán Vargas respondió a la confesión de los líderes de la exguerrilla, que asumieron la autoría en dos atentados en su contra.
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