FLIP advierte que políticos inciden en aumento de la violencia a mujeres periodistas

En octubre del 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa interpuso una acción de tutela, en representación de nueve mujeres periodistas, en la que sostenía que la violencia en línea por parte de actores políticos causaba un impacto negativo sobre la libertad de expresión. Este año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a la organización, reconociendo que en el país existe un 'marcado patrón de violencia en línea contra mujeres periodistas'.

Más allá del reconocimiento, el Tribunal estableció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y los Comités de Ética de los partidos, así como el propio Congreso de la República, pueden sancionar a partidos, movimientos y congresistas por utilizar o permitir este tipo de violencia en línea.

"La decisión del tribunal aclara que esta violencia en redes sí tiene que ver o está promovida por actores políticos, sobretodo en escenarios electorales, y también muestra la deficiencia en medidas que existe por parte de los partidos políticos y movimientos, pero también de las autoridades locales, para que atiendan este problema", afirmó el director de la FLIP, Jonathan Bock.

Además, para Bock este flagelo se ha intensificado aún más en la vigente campaña electoral. "Especialmente en esta campaña ha sido muy fuerte y muy agresivo. Estigmatizaciones por parte de diferentes candidatos; la más reciente es la de Rodolfo Hernández, que en los últimos días ha tenido varios episodios donde busca desprestigiar a medios de comunicación y a periodistas, a propósito de las publicaciones que estos hacen".

Incluso, precisamente, dentro de las conclusiones que destacan en la FLIP está que "las agresiones en línea siguen un patrón en donde los comentarios de líderes y figuras políticas son determinantes en su amplificación", por lo que consideraron que "esta decisión es un importante precedente y sienta las bases para abordar el fenómeno de la violencia en línea que impacta diferencialmente a las mujeres periodistas, y pone en riesgo su participación en espacios públicos y la vida democrática".

Por lo mismo, a modo de conclusión, destacaron desde la organización que "esta violencia se suma a una narrativa negativa contra la prensa, impulsada por líderes políticos y funcionarios. Es urgente adoptar medidas para garantizar las condiciones óptimas para la participación".