Vacunación

SuperSalud detectó a más de 390 personas vacunadas sin estar priorizadas

El ente de control dijo que gran parte de estos hallazgos se dieron en la subred norte de la ciudad de Bogotá.

Vacunación en Colombia /

La Superintendencia de Salud ordenó se investiguen los casos de 395 personas detectadas en la Subred Norte de Bogotá, y de otro en la clínica Foscal, de Bucaramanga, a quienes les fueron aplicadas vacunas contra la COVID-19 sin que les correspondiera la etapa de priorización establecida por el Gobierno Nacional.

Esto se da a raíz del caso de la politóloga, Carolina Cárdenas quien se habría saltado la fila de la vacunación, allí específicamente se encontró que 142 de los vacunados de forma temprana corresponden a personal administrativo de la Subred y otros 253 a personas que -como era el caso de la politóloga- hacían parte del Plan de Intervenciones Colectivas.

“Durante la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación la subred no realizó una adecuada priorización del personal de la salud en la primera línea, incluso encontramos que muchas de estas personas se vacunaron en el primer día, es decir, el 18 de febrero y alguno de ellos no tenían ni siquiera vinculación directa con la subred norte, ósea allí se vacunaron prácticamente a particulares”, reveló el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal.

En total, son 59 las presuntas irregularidades encontradas en todo el país de las cuales 7 fueron cerrados, 30 están en curso de investigación, 12 están en seguimiento, 8 proceso de actuaciones y dos con traslados a procesos administrativos.

Así mismo el ente de control confirmó que, en el caso del cirujano plástico, Camilo Orlando Reyes en Santander, definitivamente este no había sido priorizado por ninguna IPS del departamento, por lo que el caso será investigado también por la Fiscalía, además se les pide a los tribunales de ética médica para que hagan seguimiento a estos procesos.

Por otro lado el Veedor Distrital Guillermo Rivera se realizará una investigación con el fin de establecer la veracidad de los hechos y si la conducta de los funcionarios y trabajadores oficiales es contraria a la probidad, discriminatoria o abiertamente violatoria de la Ley.

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