Hace 30 años

Colombia

No había internet, celulares, correo electrónico, Twitter, portales de noticias, radio digital, canales privados de televisión, televisión por cable, Netflix, libros electrónicos, cámaras digitales, drones, ni siquiera fax. Pero la gente vivía más o menos informada. Colombia no estaba aislada.

Tampoco existían una Constitución moderna, la Corte Constitucional, la Fiscalía General, el sistema penal acusatorio, la tutela, las acciones populares, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de la Judicatura, la elección popular de alcaldes y gobernadores, los derechos de las víctimas, las minorías étnicas, religiosas o sexuales ni la Corte Penal Internacional. No había ministro de Defensa Civil. Pero los magistrados de las cortes eran considerados unos sabios que eran tratados con la dignidad del presidente de la República.

Había, sí, guerrilla, con presencia de más grupos insurgentes que hoy. Secuestraban y extorsionaban y tomaban como botín a la Caja Agraria. Había narcotráfico, con menos carteles que hoy, pero más poderosos como máquinas de guerra y ya, por ejemplo, habían asesinado al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Temían a la extradición. Querían tener poder político y ya tenían infiltrada la política.

Las Autodefensas ya tenían un embrión en el MAS –Muerte A Secuestradores—como forma de responder a la guerrilla. Y había bandas de asaltantes de bancos, de jaladores de carros y corrupción sin castigo como el escándalo de los sobrecostos de la represa del Guavio, que tuvo se efecto en el apagón de 1992.

Hace 30 años el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en una de las acciones más equivocadas de la insurgencia para someter al Estado, de la mano del Cartel de Medellín. El país lo vio por televisión y lo siguió paso a paso por la radio hasta cuando el Gobierno suspendió la transmisión.

Los muertos y los desaparecidos que produjo la retoma han sido considerados una de las mayores vergüenzas del Estado colombiano que estaba advertido de la tragedia, como lo recuerda el hoy ministro de Justicia Yesid Reyes, quien fue informado en la última semana de octubre por un preso de La Picota que algo grave iba a pasar en la sede la justicia. Pero el director de la Policía no escuchó. Por el contrario, ordenó retirar la vigilancia del Palacio.

También se cumplen 30 años de la tragedia anunciada de la avalancha de Armero. Al menos 25.000 muertos sepultados en uno de los valles más fértiles del centro del país. El Gobierno lo sabía desde finales de 1984 por las alertas que ya enviaba el nevado del Ruiz. Ni siquiera un debate en el Congreso, dos meses antes de la tragedia, sirvió para tomar decisiones de evacuación.

Hace 30 años hubo advertencias pero nadie escuchó, nadie decidió en el momento oportuno, se perdió el control de la racionalidad. Y menos hubo verdad, que quisieron enterrar para que no hubiera responsables. Por eso lo del Palacio de Justicia es un capítulo sin cerrar y el país apenas está conociendo lo que realmente ocurrió entre el 5 y 6 de noviembre.