Acoso sexual: realidad en entornos laborales y alcance de la justicia 

En Hora20 hablamos de una noticia que ha sacudido el mundo del periodismo y que es extensiva a diversos sectores y que nos ha llamado a innumerables reflexiones sobre la realidad del acoso en entornos laborales, la capacidad de respuesta de las empresas, de nuestros medios y la justicia. Hoy conversaremos sobre esas reflexiones, sobre los comportamientos violentos, sobre las rutas de atención y lo que significa empezar a romper el silencio para caminar hacia la denuncia.

Lo que dicen los panelistas

Claudia Palacios, periodista, columnista y escritora, planteó que lo ocurrido refleja cinco cosas: el primero, el acoso sigue vivo y coleando; segundo, que los acosadores no se toman esto en serio; tercero, que las empresas actúan cuando no queda de otra; cuarto, las que venimos hablando de esto no estábamos locas, no nos podemos cansar y se deben cortar estos temas de raíz. Por último, dijo que el convenio 190 de la OIT y la Ley 2365 del 2024 están sirviendo, “no les sirvió la zanahoria vía pedagogía, entonces ahora viene el garrote”.

Manifestó que hay que destapar la conversación para desnormalizar, “cuando está tan arraigado desde la infancia y se le enseña a un niño que ser caballeroso es decirle a una niña que está linda; casi que desde muy chiquitos se les da el derecho a estar invadiendo el espacio privado de la mujer”. Sobre temas como la diferencia entre el piropo y el acoso, dijo que la palabra clave para diferenciarlo es el consentimiento, “uno se puede enamorar de un jefe, pero el consentimiento es clave y debe ser absolutamente libre, reversible, entusiasta y específico”.

Finalmente comentó que la ley puede ser insuficiente porque las víctimas no tienen confianza o conocimiento de cómo funciona, “encuesta ELSA dice que el sólo el 12% denuncia a través de los canales oficiales”.

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Catalina Oquendo, periodista de la edición América de El País y editora de Lideresas de Latinoamérica, advirtió que lo ocurrido revela que no es un fantasma, sino que el acoso era de carne y hueso en redacciones, “lo fantasmal era hacer parecer que no existía y revela que hay una generación de jóvenes mujeres, cuando esto empezó era una muralla, pero se ha ido empujando y hay antecedentes como el del 2021, el de Vanessa Restrepo en El Colombiano, que denuncia acoso y abuso, la Corte falla y producto de esto queda la sentencia T-140 sobre los espacios de trabajo, que deben ser espacios seguros”. En esa medida, dijo que esto revela la necesidad de que la ley no se quede en papel y los protocolos bien escritos, sino que efectivamente sirvan para que los espacios sean seguros.

También comentó que está bien que la Fiscalía abra un canal de denuncias, “pero nos tenemos que preguntar por qué ahora y cuál será el seguimiento a los casos para que no se dé un pico de denuncia, pero que se dé un desgaste de víctimas que toman la decisión de denunciar y tener que esperar años a que prescriba y sentir un círculo de impunidad”.

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Diana Guzmán, directora ejecutiva de DeJusticia, doctora en Derecho y experta en derecho constitucional, contó que desde la Universidad Nacional junto con cinco profesoras realizó una investigación en temas de violencia sexual en la universidad, “la Nacional ha hecho esfuerzo por tener un protocolo, que fue pionero y se desarrolló con profesoras, estudiantes y colectivos, pero quienes han sido víctimas enfrentan barreras para denuncias, una de esas barreras es la naturalización de conductas”. Por otro lado, dijo que las constantes a la que se enfrentan quienes no denuncian son la desconfianza y el miedo, “temen represalias y que no les crean”.

Planteó que el acoso es un fenómeno que se debe erradicar y que en el caso de instituciones se deben tomar en serio las obligaciones: investigación, sanción de responsables, protección de las víctimas, no tolerancia y prevención y garantía de no repetición. También comentó que se debe ir más allá de los protocolos, como el reacomodo institucional y la dimensión cultural, “esto está inserto en una cultura en la que los roles de género se crean de forma tal que justifica acciones violentas y eso se debe desnaturalizar”.

Frente a lo probatorio, dijo que hay problema de entrada porque muchas veces no hay prueba de entrada, hay chats, pero muchas veces en una reunión no hay testigos, “por eso la gente prefiere contarle a un compañero, pero no lo lleva más allá para no ser acusado de decir mentiras”.

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Francisco Bernate, abogado penalista, profesor en la Universidad del Rosario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, explicó que si bien en el país hubo antecedentes con decisiones del Consejo de Estado validando despidos por acoso sexual y unas primeras líneas de rechazo sobre el acoso, la realidad es que fue hasta el 2021 cuando la Corte Constitucional expide la T-140, donde por primera vez se da una orden a las empresas de generar espacios seguros y donde califica el acoso sexual como forma de violencia y discriminación, además, establece obligaciones, pero eso no se lo tomaron en serio. En esa medida, dijo que la Corte Suprema sacó dos fallos en 2023: 124 y 489 en los que reitera la obligación de las empresas de generar espacios seguros, “nada pasó, hubo pronunciamientos, casos, llamados de atención y finalmente sacamos Ley2365 para meterle más garrote y donde hay obligaciones a los empresarios y donde la justicia ve el tema en dos espacios: la situación individual del agresor y otra cosa es la obligación del gestor de talento humano, la obligación de implementar protocolos”.

Reiteró que el país vive una cultura machista, una normalización y de víctimas que tienen miedo a denunciar, “los canales no son adecuados y estas tipologías ingresan a un sistema judicial que replica modelos de acoso sexual”.