¿Qué revela el asesinato de Mateo Pérez sobre libertad de prensa, armados y control territorial?

En Hora20, una mirada al legado del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su impacto en el país y el mundo político. El análisis de lo que revela el asesinato de Mateo Pérez en términos de control del territorio por los armados y la reacción que tiene el gobierno ante estos hechos de violencia. Al final, la justicia colombiana y la libertad de Sandra Ortiz por vencimiento de términos.

Lo que dicen los panelistas

Álvaro García, periodista, decano de la Escuela de Comunicación e Industrias Digitales de la Universidad Sergio Arboleda, señaló que la muerte de Mateo Pérez no es un asunto de descoordinación de asesinos, sino un evento calculado para enviar el mensaje y la amenaza a quien se atreva a averiguar qué ocurre en esa zona de Antioquia. De otro lado, dijo que preocupa que el presidente Petro diga que el periodista entró a la zona y que por tanto corría un riesgo; “esto demuestra que no hay control del territorio”.

De manera anecdótica, comentó que los estudiantes de la facultad de la que es decano, hace pocos días estaban muy ilusionados con el periodismo tras un diálogo con el exdirector de The Washington Post, Martin Baron, pero resaltó que el escenario hoy puede ser otro cuando un joven periodista es asesinado.

Para Luis Felipe Henao, exministro de Vivienda, abogado y columnista en El Tiempo, el gobierno no debe seguir revictimizando a jóvenes como Mateo o Kevin, quien murió por fallas del sistema de salud. También señaló que este gobierno ha fracasado con la idea de la paz total: “No han desmovilizado a una sola persona, el Clan del Golfo está en 392 municipios, pasamos de 11 mil a 27 mil hombres en armas y la Defensoría habla de zonas enteras donde desapareció el control estatal”. Reiteró que se legitiman armados cuando el presidente monta en tarima a quienes tienen influencia en grupos armados; “es claro que la paz total fracasó. Petro dijo que en tres meses tendría acuerdo con el ELN, pero la presencia territorial de esa organización ha crecido”.

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara y senador electo por el Pacto Histórico, comentó que Mateo es un joven valiente por atreverse a preguntar qué pasa en medio del peligro y la violencia, “pero el conflicto es una salvajada y los criminales degradan cualquier posibilidad humana; además, con esta violencia lo que buscan es implantar una ley de silencio”.

Reiteró que en el país sí hay territorios que son manejados por grupos armados y que el gobierno Petro en 2022 recibió una situación compleja en materia de seguridad: “Hace cuatro años teníamos armados en 31 de 32 departamentos y entregaron el país con 11 mil hombres en armas”.

Sobre el futuro de la negociación, dijo que este no es el momento de suspender los diálogos: “Los delincuentes siempre atentan contra la vida y lastimosamente ocurren hechos como lo de Mateo, en esa medida, el Estado debe brindar garantías y se debe exigir más a la hora de negociar”.

Finalmente, dijo que grupos como el Clan del Golfo están categorizados en la Ley 2272, lo cual permite el sometimiento: “La ley existe y les toca, pero a quien le cabe responsabilidad de que no haya sometimiento es a la exministra Buitrago porque ella no quiso hacerlo, no le interesaba”.

Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático, comentó que lo ocurrido con Mateo demuestra lo ocurrido con la seguridad en Briceño, Antioquia: “La Defensoría emitió cinco alertas tempranas y advirtió sobre el recrudecimiento del conflicto en Briceño e Ituango. Alias “Calarcá” fue capturado en operativo en una carretera, lo liberan en una defensa del Gobierno y la Fiscal y ahora le quieren quitar responsabilidad a Calarcá porque hay una disidencia de la disidencia”. Aseguró que es evidente que a través de la paz total no se están controlando las estructuras armadas: “Lo de Mateo demuestra que no hay control; el gobierno habla con Calarcá, pero no lo controla”.

Ante este panorama, dijo que municipios como Briceño siguen confinados,

El gobierno no da ninguna solución y las comunidades siguen denunciando. Mateo iba a denunciar eso que estaba pasando y hoy no hay soluciones de fondo para ellos”.

Para Ángela María Buitrago, abogada, exministra de Justicia y profesora universitaria, el Estado es responsable de lo que les pase a los ciudadanos. “La CIDH publicó un informe sobre los riesgos de los periodistas y lo que se busca con esto es evitar que se conozca qué pasa en el territorio y quitar la información relevante”. En esa medida, reiteró que si en el Gobierno tuvieron la decencia de decir que se levantaba la mesa de negociación con Itagüí por una fiesta, un homicidio de un periodista requiere que se suspenda el diálogo con esos grupos mientras no haya resultados. “Mateo debe ser estandarte para recuperar la dignidad de territorios donde están asolados por los grupos. Hoy tenemos 27 departamentos donde hay crimen organizado; se han reestructurado y son 25 mil hombres en armas; en esa medida se han incumplido todas las obligaciones que tiene el Estado”.

Frente al sometimiento, dijo que la ley 2272 tiene condición en el sometimiento: “No es que me siente a hablar con cualquiera porque la ley exige que se negocie y se someta la estructura. Si no se somete, no podemos sentarnos a que sigan delinquiendo. Hoy miles de personas en Colombia son extorsionadas, sometidas a ser acreditadas y eso no se puede permitir. Eso no son criminales con ideología, son criminales económicos”.

Finalmente, se defendió de las acusaciones del representante Ocampo asegurando que sí presentaron dos proyectos de ley de sometimiento que el Congreso no aprobó. “Lo he dicho como ministra y por fuera del gobierno: las personas deben tener un valor en Colombia y se debía replantear el proceso de paz”.

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