El capítulo inédito del descalabro de los Mi-17: Mindefensa dijo no a un contrato directo con EE.UU.

UNIDAD INVESTIGATIVA- CARACOL RADIO

El cuestionado proceso para contratar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos Mi-17 del Ejército tiene un capítulo desconocido: antes de elegir ‘a dedo’ a la estadounidense Vertol Systems Company, que incumplió lo pactado luego de recibir 16,2 millones de dólares (casi 60.000 millones de pesos), Colombia había obtenido el visto bueno de Estados Unidos para hacer un negocio entre gobiernos.

En otras palabras, a la hora de entregar esta estratégica responsabilidad –por la que pagaría 32,4 millones de dólares–, el Ministerio de Defensa prefirió a un particular no certificado por el fabricante antes que a las fuerzas armadas más capaces del planeta, con las que tiene una larga historia de colaboración.

Ninguno de los funcionarios contactados por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, incluido el ministro Pedro Sánchez, pudo responder por qué se tomó esa determinación. Lo que sí está documentado es que la Misión del Ejército de los Estados Unidos en Colombia detuvo el proceso binacional luego de ser informada verbalmente de que el Ministerio de Defensa había optado por la negociación directa con una empresa privada. Así se lo comunicó el teniente coronel Aakar C. Brahmbhatt, jefe de esa delegación, al coronel Julián Rincón, gerente del proyecto y hoy imputado por la Fiscalía.

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El oficial norteamericano se abstuvo de revelar quién fue el funcionario colombiano que los enteró del cambio de planes, y de dar cualquier tipo de declaración. Su asistente se limitó a confirmar la información en poder de Caracol y a manifestar que el negocio de los Mi-17 “no es competencia de la Misión”. El ministro Sánchez también la corroboró.

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Así, sin mayores explicaciones, la cartera dirigida en ese momento por Iván Velásquez desistió del proceso conocido como LOR/LOA, mediante el cual se accede a las Ventas Militares Extranjeras (FMS, por su sigla en inglés) de los Estados Unidos. Y, de paso, renunció a ventajas como el respaldo y la garantía estatales, el soporte de largo plazo y, quizá lo más importante, un menor riesgo de corrupción. Las mismas que se tenían con Rusia, que antes de la invasión de Ucrania se encargaba del mantenimiento de los Mi-17, en virtud de un convenio entre los dos países.

Lo que vino después de esta cuestionable decisión del Ministerio de Defensa fue una cascada de irregularidades de todo tipo.

Detalles de un contrato que no debió firmarse

El 31 de diciembre de 2024, el Ministerio de Defensa entregó en forma apresurada el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17, a pesar de que ya sabía que la empresa Vertol y su taller, MI Series Personnel and Parts, no cumplían con los requisitos, como consta en documentos en poder de la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Uno de ellos es el informe del Comité Evaluador, fechado el 30 de diciembre.

Al día siguiente volvieron a revisar la documentación y la compañía seguía sin cumplir. “En esa reevaluación mantenemos que la empresa no se encuentra habilitada para continuar el proceso y que se presenta ausencia de documentación. Ahí somos claros como Comité (Evaluador) en que la empresa no está habilitada. Era una oferta que debía ser rechazada por el Ministerio”, le dijo a la Fiscalía el sargento Jorge Torres, quien integró ese grupo.

No obstante, ya entrada la noche, antes de que el 2024 se acabara, el Gobierno le entregó un negocio de más de 32 millones de dólares a Vertol, propiedad de James Montgomerie, y a su taller asociado, MI Series Personnel and Parts, de Carlos Martín Uribe, ambos prófugos.

“No quiero pronunciarme hasta que concluyan las investigaciones, pero haberlo firmado el 31 de diciembre sí genera unas preguntas. Entiendo a las personas que estaban ahí, bajo la presión de que no se perdiera un presupuesto y con una necesidad apremiante de poner a volar los helicópteros”, comenta el actual ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Uno de los aspectos en que la empresa no podía cumplir era el financiero. Vertol no contaba con el músculo económico para ejecutar la labor que le encomendaron. Por eso, apenas 13 días después de firmado el contrato, pidió modificarlo para que le entregaran de manera anticipada la mitad del pago acordado, es decir, 16,2 millones de dólares.

Su argumento fue “la necesidad de una inversión inicial requerida para ejecutar un contrato de esta magnitud, con el único propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el mismo”, según consta en la solicitud, firmada por el coronel Óscar Ortega, supervisor del contrato. En otras palabras, sin pago adelantado no se ejecutaría el contrato.

De hecho, el representante de Vertol afirma en un correo electrónico del 13 de enero de 2025 que el secretario general (e) del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora, le dijo en una conversación telefónica que el millonario anticipo no quedó en el contrato original por la premura con que se firmó, pero que se incluiría más adelante.

En su declaración, el coronel Ortega le dijo a la Fiscalía que Mora le confirmó la existencia de dicho acuerdo verbal.

Convenido o no, lo más alarmante es que el Ministerio de Defensa aceptó cambiar los términos del contrato a pesar de que Vertol aún no contaba con una póliza de garantía de cumplimiento, como exige la ley.

“Cuando comienza el 2025, en el empalme (con Iván Velásquez), me llamó la atención que no se hubiera concretado un elemento tan esencial como las pólizas. Eso generaba una inquietud”, admitió el ministro Sánchez en entrevista con esta Unidad Investigativa.

El pago anticipado se produjo el 28 de marzo del año pasado, un mes después de que el Ministerio de Defensa fue alertado por los coroneles Julián Rincón, gerente del proyecto, y Óscar Ortega, supervisor del contrato, sobre los incumplimientos de Vertol y su taller asociado, MI Series Personnel and Parts.

“Que se le diera (a Vertol) un dinero para que avanzara o apalancara el negocio es algo que no se había acordado. Luego resultaron ajustando eso. Entonces uno ya percibe que se contrató con alguien que podría no haber tenido la capacidad. Por eso se encendieron todas las alertas”, comentó el ministro de Defensa.

En declaración bajo juramento, el coronel Óscar Ortega, comandante del Batallón 3 de Aviación del Ejército, aseguró que desde octubre de 2024 sabían que el taller de Vertol, MI Series, no cumplía con los estándares técnicos para el mantenimiento de la aviónica y los motores. En una carta de febrero de 2025, solicitó iniciar un proceso sancionatorio contra la empresa por sus incumplimientos, o caducar el contrato, pero no fue escuchado.

Estas son las cartas que alertaron de los incumplimientos:

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El testigo aseguró que, en vez de encontrar respaldo, el 21 de febrero recibió como respuesta del entonces secretario general del Ministerio, Hugo Alejandro Mora (hoy imputado), que no hiciera tanto ruido y que fuera más “flexible” con la empresa norteamericana. En vista de la gravedad de lo que ocurría, cuenta que planteó que lo trasladaran para no tener problemas legales por los yerros de ese contrato y la intención manifiesta de beneficiar a Vertol, incluso reduciendo el valor de las pólizas de seguro.

“Pongo a consideración que se apliquen las multas o que le den caducidad al contrato. Digo que necesitamos una mesa de trabajo para analizar el tema jurídico, porque yo no tenía esa capacidad. (…) Me citan a Bogotá y en la oficina del doctor Hugo (él) me dice: ‘Venga, hermano. Tiene que moderar cómo se escribe, a veces es tensionante, (tiene que) mirar todo lo que se ha hecho para la adjudicación de este contrato. Que presenten las pólizas’. Y me dice: ‘Tratemos (de) que se pueda dar (…), que se pueda ser flexible”, declaró el coronel.

El desembolso de este controvertido pago anticipado, por 16,2 millones de dólares, se produjo tras varias reuniones de una mesa de trabajo creada específicamente para discutir ese tema. De ella hicieron parte el viceministro Luis Edmundo Suárez, el general Carlos Alberto Padilla, comandante de la División de Asalto Aéreo, y otros funcionarios y militares.

En septiembre de 2025, seis meses después de la llegada del general (r) Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa, se inició un proceso sancionatorio por el incumplimiento contractual en los trabajos de mantenimiento de los helicópteros Mi-17. El 7 de noviembre, mediante una resolución, esa cartera le impuso a Vertol una multa de casi 9 millones de dólares.

Dos meses después, el Ministerio informó que la aseguradora Berkeley International giró 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, con lo cual se materializó la devolución del pago anticipado y la cancelación de parte de la multa. Aún está pendiente un saldo de 2,4 millones.

Vertol Systems, el contratista que cayó ‘en paracaídas’

Además de revelar pruebas inéditas del opaco manejo que el Ministerio de Defensa le dio a este negocio durante la administración de Iván Velásquez, la Unidad Investigativa de Caracol Radio también expone la manera en que la estadounidense Vertol Systems Company terminó concursando por el contrato.

Negociar directamente con una empresa que certificara su experiencia en la reparación y el mantenimiento de helicópteros Mi-17 fue una opción que siempre estuvo sobre la mesa. Esta comenzó a tomar forma el 26 de agosto de 2024, cuando se conocieron los resultados de un análisis preliminar del mercado, los cuales no incluían a Vertol.

Esta firma fue recomendada por el coronel Jeffrey López, integrante de la Misión Militar de Estados Unidos en Colombia. Lo hizo el 19 de agosto en una reunión que tuvo lugar en la División de Asalto Aéreo del Ejército, en la Base Militar de Tolemaida, según el testimonio del mayor Juan Pablo González, responsable de estructurar el acuerdo Estado-Estado (LOR/LOA) con los norteamericanos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, tiene la misma versión sobre López. A ese encuentro asistieron además el comandante de la División, el mayor Andrés Mejía y el capitán Jonathan Escuraina. Días después, el director de Logística del Ministerio, Herbert Buitrago, ordenó incluir a Vertol en el proceso.

El 17 de octubre, el Ministerio invitó a cotizar a tres empresas: Vertol, Baird y Aeroprof. Así comenzó un proceso tortuoso para que estas compañías cumplieran con la documentación y las condiciones técnicas requeridas.

El entonces viceministro de Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez, presidió varias reuniones, como se detalla en la bitácora del proceso, elaborado por el Comité Estructurador. En las sesiones del 2 y el 28 de noviembre de 2024, se habló del incumplimiento en la entrega de documentación en la que Vertol venía incurriendo desde el 21 de octubre. Según consta en dicho documento, el funcionario atribuyó los problemas a fallas en la “comunicación” entre el Ejército y la empresa.

“El viceministro expresa su preocupación por la fecha (noviembre) e indica que puede existir falta de comunicación entre el Comité y la empresa, ante lo cual el personal militar aclaró que esta se ha realizado a través de correo electrónico oficial, en igualdad de condiciones para las tres empresas. El señor viceministro emitió instrucciones para hacer una reunión el 2 de noviembre, con la participación del señor representante de MI Series Personell (Carlos Martín Uribe), la Dirección Logística del Ministerio de Defensa y el personal militar, con el fin de mejorar la comunicación y optimizar el envío de la documentación requerida”, dice la bitácora.

Héctor Taborda, directivo de Aeroprof, le dijo a la Fiscalía que, aunque finalmente presentó su cotización, no volvieron a llamarlo. Su empresa terminó retirándose del proceso.

En cuanto al frustrado acuerdo directo con el Gobierno de Estados Unidos, el entonces coordinador del grupo de mantenimiento de la Dirección Logística del Ministerio de Defensa, Orlando Royet del Gallego, aseguró que fue ese país el que desistió.

En un reporte de avances del proceso, enviado al director de Logística del Ministerio, Helbert Buitrago, escribió que “esa propuesta fue analizada y rechazada por el Gobierno de los Estados Unidos debido al tiempo necesario para adelantar una LOA (Letter of Acceptance) y al tiempo estipulado para la ejecución de los trabajos”.

No obstante, de ese supuesto rechazo no se conoce ningún documento, como sí lo hay de la versión estadounidense en el sentido de que fue una decisión del Ministerio de Defensa la que detuvo el proceso binacional.

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Las pistas de la Fiscalía apuntan al Ministerio de Defensa

Hasta el momento, la Fiscalía ha judicializado a dos exfuncionarios del Ministerio de Defensa y a un coronel del Ejército. Y las pruebas que reposan en el expediente sugieren que hay más implicados, especialmente en el Ministerio de Defensa.

En declaración jurada ante la Fiscalía, el pasado 11 de diciembre, Orlando Royet del Gallego, excoordinador del grupo de mantenimiento de la Dirección Logística del Ministerio de Defensa, quien participó en las exploraciones iniciales para el contrato, dijo a la Fiscalía que él pidió contactar e incluir a Vertol Systems Company por instrucciones de Herbert Buitrago, entonces director de Logística, y del Viceministerio de Estrategia y Planeación.

–Fiscalía: ¿Recibió la información de…?

–Orlando Royet: De Herbert Buitrago, porque era el director de Logística y él hablaba con el viceministro (Luis Edmundo Suárez), que era el jefe. Él me entrega esa información y me dice: “Oiga, a esta empresa hay que pedirle la cotización”.

Royet también le dijo a la Fiscalía que él no tenía experiencia ni conocimiento sobre el mantenimiento de helicópteros Mi-17 y que todas las indicaciones sobre ese contrato se hicieron a través del viceministerio y en la oficina del viceministro Luis Edmundo Suárez.

–Fiscalía: ¿Cuál es el nombre del viceministro al que se está refiriendo?

–Orlando: Luis Edmundo Suárez Soto, a través de él se recibían todas las empresas, bueno, él las recibía en su oficina y nosotros coordinábamos todo el ingreso, la logística para que se dieran las cosas.

De esas reuniones no se redactaron actas, por lo cual no hay un registro oficial de las decisiones que se tomaron en ellas ni de los factores que las sustentaron. Así lo reconoció el Ministerio de Defensa en respuesta a un oficio de la Procuraduría, que hizo observaciones sobre el contrato para el mantenimiento de los Mi-17.

VIDEO ROYET

Garantías perdidas

Como consecuencia del fracaso del negocio para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17, apenas ocho de los 19 operan normalmente.

Y tres de esos ocho, los únicos que Vertol pudo reparar, perdieron la garantía del fabricante, según una respuesta oficial de la Embajada de la Federación de Rusia a un cuestionario enviado por la Unidad Investigativa de Caracol Radio.

“La empresa norteamericana con la cual se firmaron los acuerdos en 2024 nunca ha contado con la autorización, las certificaciones, el personal capacitado, los repuestos originales o la documentación técnica necesarios para manipular las aeronaves Mi-17. Si el mantenimiento, la reparación o los trabajos de prórroga de recurso se llevan a cabo por una compañía no autorizada para esta labor por la Parte Rusa, se pueden causar graves daños a los equipos y fallos prematuros. Además, en este caso, los equipos pierden la garantía del fabricante de las aeronaves y los repuestos”, advierte la delegación diplomática.

Aunque los rusos plantearon la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para solucionar la disputa por la suspensión de los contratos con Colombia, tras la invasión de Ucrania, la Embajada dice que “iniciar el proceso judicial es el último recurso” y que sigue prefiriendo el diálogo para rehabilitar el funcionamiento de los Mi-17 que tiene el Ejército de Colombia.