El negocio que crece en silencio: cigarrillos ilegales ya representan el 38% del consumo en Colombia

En una tienda de barrio cualquiera, la escena puede pasar desapercibida: una cajetilla legal al lado de otra a un precio más económico, sin mayor diferencia aparente para el comprador. La decisión suele ser rápida. Cuatro mil pesos frente a doce mil. Y así, sin ruido, el contrabando sigue creciendo.

En 2025, el 38% de los cigarrillos que se consumen en Colombia son ilegales, según el más reciente estudio de Incidencia de Cigarrillos Ilegales 2025 presentado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) junto a Invamer. Es la cifra más alta registrada desde que se mide este fenómeno y confirma una tendencia que no se ha detenido desde 2016.

Detrás del porcentaje hay una consecuencia directa: $1,186 billones dejaron de ingresar a los departamentos por concepto del impuesto al consumo, recursos que financian salud, educación y deporte en las regiones.

“El aumento del contrabando y de la escalada de violencia en las regiones no es una coincidencia. Este flagelo hace parte de economías criminales estructuradas”, afirmó Didier Tavera, director ejecutivo de la FND.

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Una economía que crece mientras el consumo no baja

El estudio, elaborado por Invamer con 3.908 encuestas en los 32 departamentos y el Distrito Capital, no se basa en revisar vitrinas sino en ir directamente al consumidor. Donde los encuestadores compran las cajetillas a fumadores encuestados y expertos verificaban su legalidad, comprobando etiquetas, calidad, empaque y otros aspectos que determinan su origen.

“Nosotros vamos a la fuente del consumo. Analizamos la cajetilla que realmente fuma la persona”, explicó Martín Orozco, gerente de Invamer. Asegurando además que, el margen de error es de 1,57%, lo que da alta confiabilidad a los resultados.

Asimismo afirman una conclusión que es contundente: el consumo no ha disminuido de forma significativa, y a su vez, el mercado ilegal de igual forma ha ganado participación.

El mapa del contrabando de cigarrillos

La geografía del fenómeno revela patrones conocidos, donde el Caribe se encuentra en alerta, y Antioquia en el centro.

En la Región Caribe, departamentos como La Guajira con el 94%, Cesar 79%, Magdalena 76% y Sucre 72% concentran los niveles más altos de ilegalidad.

Sin embargo, Antioquia —con 51% de consumo ilegal— tiene un peso mayor en la cifra nacional debido al volumen total de fumadores que concentra. En otras zonas también superan el promedio nacional como el Norte de Santander con el 69% y Tolima con 41%.

Con esto, cabe resaltar que, el patrón coincide con corredores históricos de economías ilegales y zonas de frontera.

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¿Cómo entra y cómo se mueve?

La Policía Fiscal y Aduanera explica que el negocio opera en dos frentes.

Uno es el contrabando técnico: empresas fachada que importan mercancía subfacturada para evadir impuestos. Y el otro es el contrabando abierto, que ingresa por pasos irregulares y pequeños puertos como el de la costa Caribe.

“Hemos identificado pequeños puertos y pasos irregulares en la costa atlántica. Entran en embarcaciones pequeñas desde Panamá y luego se distribuyen hacia Antioquia, el eje cafetero e incluso Ecuador”, detalló el coronel Mauricio Carrillo, director de Gestión de la Policía Fiscal y Aduanera.

Solo en el último año se registraron cerca de 230 aprehensiones, más de 4,5 millones de unidades incautadas y la desarticulación de estructuras dedicadas exclusivamente al contrabando.

Pero una vez dentro del país, el producto encuentra su fortaleza en la distribución, que afirman, ha sido uno de los grandes desafíos para actuar con mayor eficiencia ante la situación de contrabando.

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La red invisible: 600.000 tiendas y un precio imbatible

El estudio encontró que más del 80% de los cigarrillos —legales e ilegales— se venden en tiendas de barrio. Eso significa que el mercado ilícito no se mueve en la clandestinidad absoluta, sino en el comercio cotidiano.

“El tendero es el último eslabón. Estamos atacando el acopio ilegal y las bodegas antes de que llegue a la tienda”, afirmó el Coronel Carrillo. La razón principal de compra es económica. Una cajetilla ilegal cuesta en promedio $4.800, mientras que la legal supera los $12.000.

“El 87% de quienes consumen ilegal dicen que lo hacen porque es la más barata”, explicó el gerente de Invamer.

El sabor y la disponibilidad también pesan, pero el precio es el detonante, ya que los consumidores afirman que el sabor y aspectos de fabrica no hacen una diferencia importante, sino más el acceso directo al producto.

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El impuesto que pocos relacionan con salud

Cabe resaltar que el impuesto al consumo de cigarrillos financia servicios de salud, recreación y deporte. Sin embargo, solo el 54% de los fumadores sabe que ese tributo existe y la mayoría no estaría dispuesta a pagar más por una cajetilla legal.

“Cada vez que se vende un cigarrillo ilegal, esos recursos no llegan a la salud ni a la educación. Terminan fortaleciendo estructuras criminales, esto teniendo una afectación directa a los recursos de los departamentos”, advirtió Tavera director de FND.

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Una red que trasciende fronteras

Las investigaciones indican que los cigarrillos ilegales provienen principalmente de Estados Unidos, Uruguay, Corea del Sur y Paraguay, además de países asiáticos.

Para la Policía y la Armada Nacional, el contrabando no es un delito aislado.

“Hay una correlación entre contrabando, narcotráfico y lavado de activos”, explicó Carrillo, quien señaló que estas estructuras utilizan el comercio ilícito para formalizar recursos ilegales.

Las cifras de hoy en día

Desde 2016, cuando el mercado ilegal representaba el 13%, la tendencia ha sido ascendente. Puesto que hoy, casi cuatro de cada diez cigarrillos consumidos en Colombia son de contrabando.

No es solo una cifra. Es una señal de cómo un producto ilegal logró integrarse al comercio del día a día, impulsado por la diferencia de precio, la distribución masiva y redes criminales que encontraron en el tabaco una economía rentable y difícil de rastrear.

El desafío ahora no es solo aumentar incautaciones. Es romper una estructura que combina consumo normalizado, debilidad territorial y una red internacional que sigue encontrando en Colombia un mercado abierto.

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