Ponencia en la Corte está a favor de despenalizar el aborto por completo

Es la del magistrado Alberto Rojas Ríos. La decisión se tomaría a finales de noviembre.

Imagen de referencia. /

En la Corte Constitucional fue presentada la ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos que pide declarar inexequible el artículo 122 del Código Penal, en donde se establece una pena de entre 16 y 54 meses de prisión a “la mujer que causare su aborto o permitiera que otro se lo cause”.

Desde Cúcuta, en medio de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario, el presidente de esa corporación, magistrado Antonio José Lizarazo, aseguró que la discusión iniciará en octubre y la decisión de la Corte se conocerá antes de que finalice el mes de noviembre.

La ponencia del magistrado Rojas establece que, si en dos años el Congreso no expide una ley que regule sobre el aborto en Colombia, el delito "desaparecerá del sistema jurídico” y que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes tienen el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.

Una de las demandas es del abogado Andrés Mateo Sánchez, quien considera que el delito de aborto desconoce la dignidad humana, el respeto por los derechos de la mujer, el derecho de acceso a la salud y la primacía de los tratados que reconocen derechos humanos.

En la ponencia del magistrado Rojas se argumenta que el aborto debe dejar ser considerado como un delito porque es discriminatorio con las mujeres.

Por ahora, el aborto es permitido en Colombia cuando hay un riesgo para la salud física y metal de la mujer, existe grave malformación del feto incompatible con la vida y el embarazo sea resultado de una violación sexual.

La discusión se retoma en la Sala Plena de la Corte Constitucional en medio de una tendencia mundial sobre la ampliación de los derechos reproductivos de las mujeres. En septiembre, México despenalizó por completo esa práctica. Ahora se estima que unas 200 mujeres que habían sido encarceladas por abortar, queden en libertad.

En la XIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional, que organizó la Universidad Libre en Cúcuta, Sandra Gisela Gómez, del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal en México, dijo que la decisión de la Corte de su país es histórica para la región.

“La Corte aprobó un acuerdo especial para que la Defensoría Pública lleve los casos de las mujeres que están detenidas. Las autoridades tienen la obligación de tramitar su libertad. Es un constitucionalismo transformador, de cómo las leyes llegan a la gente y no se quedan en el papel”, señaló Gómez.

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