JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 27 exFarc: atentados, masacres y violencia sexual

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 exintegrantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las Farc-EP, a quienes señala como máximos responsables de atentados, masacres, homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, violencia sexual y otros delitos cometidos durante el conflicto armado.

La decisión corresponde a la primera imputación del Caso 10, que investiga los crímenes más graves y representativos atribuidos a la antigua guerrilla que no hacen parte de otros macrocasos de la Jurisdicción. Además, constituye la primera imputación conjunta con el Caso 11, relacionado con la violencia sexual y de género cometida por integrantes de las extintas Farc-EP contra la población civil.

Según la JEP, en la justicia ordinaria el 97 % de estos hechos no registraba condenas y cerca del 90 % permanecía en etapa preliminar. La Sala aseguró que, por primera vez, la justicia colombiana logró atribuir responsabilidades individuales por estos crímenes y establecer los patrones de violencia desplegados por los bloques Sur y Oriental. También indicó que es la primera vez que los integrantes vivos del antiguo Secretariado y otros exmandos responden por estos hechos.

La decisión busca responder a las 2.436 víctimas acreditadas en este proceso, entre ellas campesinos, docentes, líderes comunales, comunidades de fe, mujeres, así como integrantes de la Fuerza Pública. De acuerdo con los testimonios recopilados, muchas comunidades quedaron sometidas al control de un régimen impuesto por la guerrilla, sostenido con recursos provenientes del narcotráfico.

La investigación también incluye algunos de los hechos más emblemáticos del conflicto armado, como el atentado al Club El Nogal, la explosión de la casa bomba en Neiva y el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, entre otros casos que marcaron la historia reciente del país.

Ahora, los 27 comparecientes deberán decidir si aceptan o no la imputación. Si reconocen su responsabilidad y cumplen con los aportes de verdad y el régimen de condicionalidad, serán remitidos al Tribunal para la Paz, que podrá imponerles sanciones restaurativas en beneficio de las víctimas. En caso de no aceptar los cargos, sus expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP y, si son hallados responsables en un proceso adversarial, enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.