Mientras realizaba labores de agricultura, <strong>el miércoles 9 de septiembre Ernesto Jumí, un indígena miembro embera eyabida del resguardo Jaidukamá,</strong> ubicado en Ituango, <strong>fue víctima de una mina antipersona</strong> que le costó la vida.Pese a los ruegos de su comunidad, <strong>su cuerpo, cinco días después, aún no ha sido recuperado y ni el Gobierno, ni la fuerza pública, han hecho presencia</strong> en el lugar para garantizar la seguridad en la zona.En diálogo con Caracol Radio, Wilfer Sánchez, vocero de Organización Indígena de Antioquia, señaló que “<strong>hasta ahora no hemos recibido una respuesta oficial de las instituciones en donde se justifique el NO ingreso al resguardo.</strong> Sin embargo, seguimos insistiendo y en las últimas horas radicamos una denuncia ante organismos nacionales e internacionales, que nos ayuden a presionar”.Y es que según Sánchez, <strong>en lo corrido del año ya son cinco indígenas los que han perdido la vida </strong>en campos minados del departamento.“Nos preocupa <strong>especialmente los municipios de Vigía del Fuerte, Murindó, Urrao, Frontino, Dabeiba e Ituango</strong>”, enfatizó.Le puede interesar:<a href="https://caracol.com.co/emisora/2020/09/10/medellin/1599756406_386297.html">Muere indígena tras pisar mina antipersona en Ituango</a><a href="https://caracol.com.co/emisora/2020/09/12/medellin/1599872902_285784.html">Indígenas de Ituango piden que les evacúen el cuerpo de un compañero muerto</a><a href="https://caracol.com.co/programa/2020/08/26/hora_20/1598408511_542727.html">Tres años de desarme y desmovilización: ¿qué lecciones deja el proceso?</a>Incluso, <strong>aunque el Municipio de Ituango fue uno de los municipios priorizados en los Acuerdos de Paz</strong>, entre el Gobierno como representante del Estado Colombiano y las FARC para el fin del conflicto armado, <strong>no existe un avance en el desminado humanitario</strong>.“El Territorio <strong>de Jaidukamá está minado desde hace más de 20 años y ahora vemos que hay más minas antipersonales, lo cual mantiene confinados a los comuneros y las comuneras en su territorio por lo que no hacen goce efectivo</strong> de sus derechos territoriales y en razón a ello, la vulneración de más derechos asociados”, explica el vocero.Por lo que <strong>hacen un llamado al Gobierno para que dispongan todos los medios y esfuerzos que sean necesarios para recoger el cuerpo</strong> e insisten que a través de múltiples alertas tempranas han expuesto el riesgo latente al que están sometidas las comunidades indígenas por este tipo de dispositivos explosivos.