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En vilo la recuperación de cuerpo de indígena víctima de una mina

La comunidad del resguardo Jaidukamá, en Antioquia, pide al Gobierno Nacional ayuda para levantar el cadáver que lleva más de cinco días abandonado.

Mientras realizaba labores de agricultura, el miércoles 9 de septiembre Ernesto Jumí, un indígena miembro embera eyabida del resguardo Jaidukamá, ubicado en Ituango, fue víctima de una mina antipersona que le costó la vida.

Pese a los ruegos de su comunidad, su cuerpo, cinco días después, aún no ha sido recuperado y ni el Gobierno, ni la fuerza pública, han hecho presencia en el lugar para garantizar la seguridad en la zona.

En diálogo con Caracol Radio, Wilfer Sánchez, vocero de Organización Indígena de Antioquia, señaló que “hasta ahora no hemos recibido una respuesta oficial de las instituciones en donde se justifique el NO ingreso al resguardo. Sin embargo, seguimos insistiendo y en las últimas horas radicamos una denuncia ante organismos nacionales e internacionales, que nos ayuden a presionar”.

Y es que según Sánchez, en lo corrido del año ya son cinco indígenas los que han perdido la vida en campos minados del departamento.

“Nos preocupa especialmente los municipios de Vigía del Fuerte, Murindó, Urrao, Frontino, Dabeiba e Ituango”, enfatizó.

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Incluso, aunque el Municipio de Ituango fue uno de los municipios priorizados en los Acuerdos de Paz, entre el Gobierno como representante del Estado Colombiano y las FARC para el fin del conflicto armado, no existe un avance en el desminado humanitario.

“El Territorio de Jaidukamá está minado desde hace más de 20 años y ahora vemos que hay más minas antipersonales, lo cual mantiene confinados a los comuneros y las comuneras en su territorio por lo que no hacen goce efectivo de sus derechos territoriales y en razón a ello, la vulneración de más derechos asociados”, explica el vocero.

Por lo que hacen un llamado al Gobierno para que dispongan todos los medios y esfuerzos que sean necesarios para recoger el cuerpo e insisten que a través de múltiples alertas tempranas han expuesto el riesgo latente al que están sometidas las comunidades indígenas por este tipo de dispositivos explosivos.

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