Juez no aceptó cargos por supuesto soborno de $1.200 millones que dejó en libertad a extraditable

Justicia

La juez 77 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, Miryam Alcira Martínez López, se declaró inocente de los delitos que le imputó la Fiscalía General de la Nación en la tarde de este miércoles, en medio de una investigación por lo que sería un nuevo caso de presunta corrupción judicial.

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Según la investigación de la Fiscalía, un ciudadano neerlandés identificado como Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, solicitado en extradición por narcotráfico, quedó en libertad, al parecer, tras pactar un soborno de 1.200 millones de pesos y presuntamente pagar la mitad de ese dinero a la funcionaria judicial.

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También fueron imputados por estos hechos el funcionario del Centro de Servicios Judiciales, Waldo Garavito Mejía, y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía les imputó los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. A la jueza de Control de Garantías también le imputaron el delito de prevaricato por acción.

Según la investigación de la Fiscalía, habría existido un acuerdo por $1.200 millones para obtener la libertad del ciudadano neerlandés mediante un habeas corpus.

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Así se habría pagado la mitad del presunto soborno

Según la Fiscalía, “el 4 de junio de 2026, Herrera Cuenca acudió al despacho de la juez Martínez López para presuntamente concertar la concesión de un habeas corpus a favor de Van der Voort, a cambio le habría entregado 600 millones de pesos que corresponderían a un primer pago. Al día siguiente, la funcionaria envió a la abogada una fotografía de un formato de libertad con los datos del ciudadano neerlandés, elemento que sería una evidencia del posible acuerdo ilícito”.

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Además, se habría manipulado el reparto para que el habeas corpus fuera resuelto por la jueza 77 de Control de Garantías.

“Garavito Mejía habría coordinado con la abogada la radicación de la solicitud durante un fin de semana en el que él y la juez estuvieran de turno, con el propósito de que la petición llegara al despacho de Martínez López. El 13 de junio, la juez concedió el habeas corpus y ordenó la libertad inmediata del requerido”, explicó la Fiscalía.

La jueza imputada argumentó que, hasta ese momento, habían transcurrido 109 días desde la captura del ciudadano neerlandés “sin que se resolviera el trámite de extradición, cuyo plazo límite estimó en 60 días, y cuestionó las condiciones del expediente remitido a la Corte Suprema de Justicia”.

Entre tanto, el 18 de junio, el juez 43 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá revocó la decisión de primera instancia que había concedido un habeas corpus al ciudadano neerlandés, solicitado en extradición por el Reino de los Países Bajos por delitos relacionados con el tráfico de drogas.