Defensores de derechos humanos advierten sobre riesgos de reclutamiento de menores en Risaralda
Alertan por la presencia del ELN y el Clan del Golfo en tres municipios del occidente del departamento.

Foto: Colprensa (archivo)

Pereira
La seguridad de las comunidades rurales de Mistrató, Pueblo Rico y Belén de Umbría continúa generando preocupación por los riesgos asociados a la presencia y disputa territorial de grupos armados ilegales. La Defensoría del Pueblo mantiene advertencias sobre posibles vulneraciones de derechos humanos, entre ellas el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, una de las amenazas más graves para las poblaciones de estos municipios.
El panorama fue analizado durante una reunión de seguimiento a la Alerta Temprana 001 de 2026, en la que se revisaron las acciones adoptadas por las instituciones para prevenir hechos de violencia relacionados con el ELN y el Clan del Golfo.
Uno de los puntos centrales de la alerta está relacionado con la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes sean víctimas de reclutamiento por parte de organizaciones armadas ilegales.
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Esta amenaza representa una preocupación especial para las comunidades indígenas y afrodescendientes, donde la dispersión de los asentamientos y las dificultades de acceso pueden complicar las labores de prevención y protección.
Eisenhower Zapata, integrante del Comité de Justicia Transicional de Risaralda y Defensor de Derechos Humanos, advirtió que" las medidas de prevención requieren una respuesta más efectiva de las autoridades nacionales y territoriales".
Entre las principales necesidades identificadas está el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia en terreno, el uso de herramientas tecnológicas y una mayor capacidad de reacción de la Fuerza Pública frente a posibles movimientos de estructuras armadas ilegales.
Otro de los aspectos que generó preocupación durante la reunión fue el nivel de articulación entre las instituciones responsables de atender las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo.
Según Zapata, algunas entidades del orden nacional apenas están conociendo el alcance de la alerta y las responsabilidades que deben asumir para responder a los riesgos identificados.
Esta situación evidencia la necesidad de acelerar la coordinación institucional y definir acciones concretas que permitan proteger a las comunidades.
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Sin embargo, los participantes del seguimiento señalaron que es necesario mejorar la ejecución y articulación de estas medidas para que las advertencias no se queden únicamente en diagnósticos.
El principal llamado es a que el Gobierno Nacional, las administraciones territoriales y la Fuerza Pública fortalezcan su respuesta conjunta para evitar que las amenazas del ELN y el Clan del Golfo afecten la seguridad y los derechos de la población.

Sebastián Grajales
Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...




