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Licitación de vigilancia por $18.800 millones en Pereira genera dudas sobre presupuesto y oferentes

Una denuncia ciudadana puso bajo la lupa este proceso de contratación en medio de las afectaciones y necesidades que tiene la ciudad como consecuencia del terremoto.

Foto: Caracol Radio.

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Pereira

Se trata de la licitación pública SMGA-LP-220-2026, destinada a contratar servicios de vigilancia privada, seguridad canina y medios tecnológicos para diferentes dependencias de la Administración Municipal.

Uno de los principales cuestionamientos formulados por INTERVEEN Intervención Veedora Nacional está relacionado con una diferencia de $9.599 millones entre los recursos autorizados mediante vigencias futuras para 2027 y el valor contemplado para esa vigencia en el proceso contractual.

Según la denuncia, el Concejo Municipal autorizó $25.985 millones, mientras que la necesidad presupuestada para 2027 quedó establecida en aproximadamente $16.386 millones.

Otro aspecto que genera interrogantes es que Estatal de Seguridad Ltda., empresa que ha contratado anteriormente con el municipio, fue la única que presentó una propuesta.

La organización denunciante cuestionó varios requisitos financieros y técnicos, entre ellos condiciones relacionadas con la vigilancia canina, al considerar que podrían dificultar la participación de otros interesados.

En su respuesta oficial del 13 de noviembre, la Alcaldía explicó que las vigencias futuras corresponden a un monto máximo autorizado y que no existe obligación de ejecutar la totalidad de esos recursos. La Administración atribuyó la reducción a ajustes en el plazo y en las necesidades del servicio.

La Alcaldía sostuvo que los requisitos fueron establecidos conforme a las necesidades del servicio y que la presentación de una única oferta no constituye, por sí misma, una irregularidad.

La contratación también genera preguntas en medio de la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto. La denuncia cuestiona la implementación de sistemas tecnológicos de seguridad en instalaciones municipales afectadas por el sismo.

Sobre este punto, la Administración argumentó que tanto las sedes evacuadas como las instalaciones temporales requieren protección de bienes, equipos y archivos institucionales.

INTERVEEN solicitó suspender el proceso y revisar sus condiciones. Sin embargo, la Secretaría de Gestión Administrativa consideró que los cuestionamientos no justificaban suspender la licitación ni revocar su apertura.

Aunque las denuncias no constituyen prueba de irregularidades, el proceso abre interrogantes sobre la planeación del gasto público, la competencia entre oferentes y la destinación de recursos municipales en un momento de recuperación para Pereira.

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