Abogados y organizaciones de DD. HH. piden protección internacional ante recorte presupuestal de JEP

Bogotá

Caracol Radio conoció en exclusiva tres cartas que enviaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional organizaciones de Derechos Humanos y abogados de víctimas pidiendo medidas cautelares, de protección en favor de las víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para La Paz por el recorte de presupuesto en 170.000 millones que ha sido anunciado para esta entidad y que para las víctimas vulnera gravemente sus derechos.

Ante la JEP están acreditadas unas 300.000 víctimas en los 11 macro-casos que tiene abiertos esta justicia y por eso han acudido a instancias internacionales para blindar sus derechos adquiridos al participar directamente en las investigaciones y poder dar sus opiniones, entregar sus observaciones frente a las declaraciones que dan tanto comparecientes de la Fuerza Pública como de las antiguas Farc.

Cartas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En una de las dos cartas que se envía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se piden medidas a favor de las víctimas acreditadas y participantes en los procedimientos ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, frente al riesgo derivado de la reducción del presupuesto asignado a ambas entidades en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027 y las proposiciones del Congreso de la República, y el trámite del Proyecto de Acto Legislativo No. 04 de 2026 Senado, que introduce una revisión automática de las sentencias de la JEP contra miembros de la Fuerza Pública a cargo de la Jurisdicción Penal Militar.

Carta ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional

En el documento abogados de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos ponen en conocimiento de la Corte Penal Internacional un conjunto de hechos recientes que para quienes envían la carta comprometen la independencia, la autonomía y la sostenibilidad financiera de la Jurisdicción Especial para la Paz y configuran un incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos por el Estado colombiano en el Acuerdo de Cooperación suscrito con esa Fiscalía el 28 de octubre de 2021.

Esto se suma a otras comunicaciones enviadas por exintegrantes de la Fuerza Pública pidiendo proteger a la Jurisdicción Especial para La Paz y su trabajo de juzgar y sancionar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en medio del conflicto armado en Colombia.

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