Pacto Histórico alerta ante la CPI y la ONU por futuro de la JEP y la UBPD
Congresistas y organizaciones de víctimas pidieron seguimiento internacional a las decisiones que puedan afectar estas instituciones.
Imagen de referencia | Congreso de la República - Reunión de la bancada del Pacto Histórico: Colprensa
Congresistas del Pacto Histórico, organizaciones sociales y de víctimas y defensores de derechos humanos presentaron ante la Corte Penal Internacional y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una solicitud para alertar sobre la situación actual de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
La representante a la Cámara por Bogotá Laura Daniela Beltrán Palomares explicó que la comunicación busca que los organismos internacionales conozcan las decisiones presupuestales y eventuales reformas que puedan tener efectos sobre el Sistema Integral para la Paz.
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“Radicamos esta solicitud, porque quienes piensan y están permitiendo quitarle 100.000 millones de pesos a la paz, están atentando directamente contra la paz, desconociendo el mandato que existe hasta el año 2033 y poniendo en juego las garantías de no repetición y la vida de la gente en el país”.
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Los firmantes pidieron a la CPI y al Consejo de Seguridad de la ONU hacer seguimiento a la evolución de estas circunstancias y a las condiciones institucionales, financieras y jurídicas necesarias para garantizar la continuidad de los compromisos asumidos por Colombia.
Según la comunicación, las decisiones que afecten a la JEP y la UBPD podrían tener incidencia en la capacidad institucional para avanzar en procesos de justicia transicional, esclarecimiento de la verdad, búsqueda de personas desaparecidas y atención a las víctimas del conflicto armado.
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La representante también hizo un llamado a garantizar los recursos y las condiciones necesarias para el funcionamiento de estas entidades.
“Hacemos un llamado a proteger y fortalecer la JEP y la UBPD, a garantizar los recursos y las condiciones necesarias para su funcionamiento y a mantener la mirada de la comunidad internacional sobre el cumplimiento de las obligaciones que el Estado colombiano tiene con las víctimas”.
La solicitud plantea además que la comunidad internacional mantenga especial atención sobre las decisiones que puedan incidir en la continuidad, autonomía y capacidad operativa de la JEP y la UBPD.
