La invitación es para que se hagan participe de este plan piloto para la Presentación de informe ante la JEP

La entidad tiene los testimonios de 8.124 víctimas de este delito.

Así lo determinó la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El documento fue entregado al Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en el que se documentan 10 casos.

La reactivación de los términos judiciales y la modalidad de trabajo presencial como excepcionalidad se implementarán a partir del 21 de septiembre.

Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz habló de la reserva de algunos casos de las FARC.

Aseguró que siempre fue considerado una falta grave, pero no un delito.

En estos lugares se podrían encontrar los cuerpos de cientos de víctimas de desaparición forzada.

A partir de mañana las diligencias del caso de reclutamiento de menores en la JEP serán públicas.

Hasta el 22 de septiembre de 2021 se recibirán los informes que son la primera expresión del derecho de las víctimas a la participación.

Luis Carlos Gómez y Fabio Martínez Lugo deberán ser procesados por la justicia ordinaria.

Ante la Comisión de la Verdad, Ingrid Betacourt aseguró que no ha habido humildad ni reconocimiento de las acciones.

Algunos exjefes de la antigua guerrilla de las Farc fueron citados nuevamente para ampliar sus versiones.

La Corte Constitucional definió un problema de jurisdicción en donde Arana tendrá que entregar información sobre vínculos con paramilitares.

El director de la Unidad de Investigación y Acusación hizo un llamado a que cesen las masacres y la violencia en el país.

El jefe de Estado aseguró que es lamentable que nieguen reclutamientos y violaciones.

A través de un proyecto se busca que los exparamilitares puedan acudir a la Justicia Especial de Paz en calidad de "testigos comparecientes"

Para los magistrados el requerimiento no cumple con los factores de competencia para acogerse a la JEP.

Los comparecientes deben entregar información de los hechos de violencia sexual asociados a este flagelo como abuso, violación y abortos forzados.

Según informes entregados a la JEP, 286 personas ingresaron siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización

El objetivo es proteger los cuerpos de las víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado

En los hechos del relato murieron 119 personas.

Su sometimiento es por sus nexos con grupos paramilitares.

El comisionado de Paz dijo que no hubo un mal proceder del ejecutivo en la solicitud de extradición del exjefe paramilitar.

El tribunal de paz dice que siempre ha resuelto las libertades de quienes dicen haber tenido un vínculo con las antiguas Farc.

El alto tribunal pide esto, al revisar 20 acciones de tutela que están acumuladas.

El senador del partido Farc es el primero en hablar del tema ante la JEP.

La decisión es de primera instancia, por los procesos relacionados con la banda criminal de Marcos Figueroa.

El exjefe paramilitar también es pedido en extradición por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla.

También se refirió al caso de Uribe en la Corte Suprema de Justicia.

A partir del próximo 18 de agosto entregarán al Tribunal de Paz, su versión voluntaria sobre este delito.

Los restos óseos están bajo custodia en la Universidad de Antioquia y serían víctimas de la violencia en la comuna trece de Medellín

La medida se toma para proteger los cuerpos inhumados en condición de no identificados.

En medio del estudio del caso del expresidente Álvaro Uribe, las cortes y la JEP hicieron un llamado a respetar la independencia judicial.

En el lugar pueden estar 140 cuerpos de personas no identificadas, víctimas de desaparición forzada.

El consejero presidencial Emilio Archila aseguró que el Gobierno no ha ahorrado esfuerzos en la protección de excombatientes.

Las órdenes son para el Alto Comisionado para la Paz, el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, y para la UNP.

Este caso priorizó la “Situación Territorial en la región del Norte del Cauca y del Sur del Valle del Cauca”.

La presidenta de esta justicia, Patricia Linares, dice que como jueces actúan según lo indica la ley y que toman distancia de las presiones políticas.

El proyecto busca mejorar las capacidades de investigación del sistema de justicia transicional en Colombia