Corte Constitucional pone la lupa a giros para víctimas de desplazamiento forzado

Bogotá

La Corte Constitucional en medio de su labor de seguimiento a la sentencia en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional por la grave y sistemática vulneración de derechos a la población desplazada por el conflicto armado en Colombia, puso en conocimiento de la Contraloría General de la República información sobre posibles fallas en la colocación y entrega efectiva de los giros de atención humanitaria a la población víctima de desplazamiento forzado, para que evaluara si había lugar a ejercer acciones de control fiscal.

El informe identifica dificultades relacionadas con la cobertura territorial, la disponibilidad de efectivo, la conectividad, el cargue de beneficiarios, los bloqueos, la validación de identidad, los reintegros, así como la trazabilidad y conciliación de los giros. Al 30 de junio de 2026, se habían colocado 246.668 giros, de los cuales 198.588 habían sido pagados, 21.907 reintegrados y 26.173 permanecían vigentes.

Según el alto tribunal lo encontrado aún no constituye un daño patrimonial, pero si hay elementos que justificarían la valoración de la procedencia de las actuaciones de vigilancia y control fiscal sobre la gestión contractual y financiera del contrato 2046 de 2026.

La Sala Especial de la Corte Constitucional le solicitó a la Contraloría delegada para el Sector Inclusión Social que informe sobre las gestiones adelantadas respecto de los hechos puestos en su conocimiento y que, una vez concluida la evaluación, comunique la decisión adoptada y los resultados obtenidos, incluyendo, de ser el caso, la identificación de hallazgos fiscales, irregularidades o anomalías y las consecuencias que se hubieren derivado conforme a sus competencias.

Con esta actuación el alto tribunal busca que sean protegidos los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado que es ocasionado por los grupos armados ilegales.