JEP advierte que recorte de $170.000 millones afectaría derechos de víctimas y comparecientes

Justicia

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hizo un llamado al Congreso de la República para que preserve la asignación presupuestal de $821.803 millones prevista inicialmente por el Gobierno Nacional para el funcionamiento de la entidad durante 2027.

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La advertencia se conoce de cara al segundo debate del proyecto de Presupuesto General de la Nación en el Congreso. Según la JEP, la asignación presentada por el Ministerio de Hacienda ya contempla un faltante de $125.839 millones frente a los $947.642 millones solicitados por la Jurisdicción.

La situación se agravó con el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, que contempla una reducción adicional de $170.000 millones frente al monto radicado inicialmente por el Gobierno.

De acuerdo con la JEP, el recorte estaría compuesto por $140.000 millones menos en inversión y $30.000 millones en funcionamiento, lo que llevaría el presupuesto de la Jurisdicción para 2027 a $651.803 millones, es decir, $129.667 millones menos que el presupuesto vigente de 2026.

La entidad aseguró que esta reducción tendría efectos sobre la atención de las víctimas y las garantías de los comparecientes, especialmente en un momento en el que avanza el cierre de las investigaciones de los 11 macrocasos y las distintas etapas de juicio.

“Esta reducción tendría efectos sumamente perjudiciales en la garantía de derechos de víctimas y comparecientes en un momento crucial de la Jurisdicción”.

Uno de los principales impactos estaría relacionado con las audiencias y diligencias judiciales en los territorios donde ocurrieron los hechos del conflicto armado. La JEP señaló que también podría afectarse la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial de víctimas.

La Jurisdicción indicó además que el recorte comprometería las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la fuerza pública sometidos a la JEP.

JEP defiende medidas de austeridad

La JEP aseguró que ha implementado medidas para reducir sus gastos y mejorar la eficiencia de los recursos públicos. Entre ellas mencionó el uso de medios virtuales para determinadas diligencias, la programación anticipada de audiencias, cambios en la operación logística y un plan institucional de ahorros.

Según la entidad, entre 2024 y julio de 2026 estas medidas permitieron generar ahorros cercanos a $21.575 millones.

La Jurisdicción también señaló que mantendrá su compromiso con la austeridad y anunció un nuevo plan con metas más exigentes para reducir los costos y tiempos de operación, sin afectar las garantías de participación de las víctimas ni el debido proceso de los comparecientes.

La JEP sostuvo que su solicitud al Congreso no busca ampliar su mandato ni obtener recursos adicionales a los planteados inicialmente por el Gobierno.

Finalmente, la Jurisdicción recordó que no ha propuesto ampliar el periodo de vigencia establecido constitucionalmente, que corresponde a 15 años y está previsto hasta 2033.

Además, aseguró que continuará rindiendo cuentas sobre el uso de los recursos públicos y trabajando para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.