Corte Constitucional continúa inspección en La Guajira por el cumplimiento de la sentencia T-302
La comisión judicial recorrió comunidades Wayúu para revisar las condiciones de acceso al agua, alimentación, salud, vías y la sostenibilidad de obras.
Foto: Veeduría ciudadana.
La Corte Constitucional adelanta una visita de seguimiento en La Guajira para verificar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y familias del pueblo Wayúu.
La inspección judicial comenzó en Riohacha con un acto de apertura en el que participaron representantes de la Corte Constitucional, autoridades departamentales, alcaldes, la Procuraduría y funcionarios vinculados al seguimiento de la sentencia.
Durante la jornada, la comisión se desplazó hasta el resguardo Perrapu, cerca del Parque Los Flamencos, donde revisó las condiciones de acceso al agua, tomó muestras para evaluar su calidad y verificó aspectos relacionados con las vías, la situación de los menores y los indicadores de desnutrición.
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Posteriormente, los funcionarios llegaron a la comunidad de Romero, donde revisaron una pila pública construida para garantizar el suministro de agua, pero que, según los habitantes, permanece fuera de funcionamiento desde hace cerca de tres años.
En este punto se evaluó la sostenibilidad de la infraestructura y la responsabilidad sobre su operación. También se realizaron nuevas muestras para determinar las condiciones del recurso hídrico.
César Arismendi, coordinador de la veeduría ciudadana, explicó el alcance de la jornada:
“Así vamos cumpliendo la agenda del día de la corte constitucional en la guajira haciendo inspecciones judiciales a los ocho objetivos mínimos constitucionales: acceso al agua acceso a la alimentación acceso a la salud como oportunidad movilidad a través de vías sistemas de información transparencias sostenibilidad de todas las obras que se hagan Y por supuesto diálogos genuinos.”
La Corte Constitucional continuará su recorrido por otros territorios de La Guajira para verificar el cumplimiento de los ocho objetivos mínimos constitucionales establecidos en la sentencia T-302: acceso al agua, alimentación, salud, movilidad mediante vías, sistemas de información, transparencia, sostenibilidad de las obras y diálogo genuino con las comunidades.
La comisión está integrada por cuatro magistrados auxiliares, dos de ellos iniciaron la inspección este miércoles, bajo el liderazgo del magistrado auxiliar Hugo Escobar, mientras que los otros dos se incorporaron durante la jornada del jueves para completar el equipo encargado del seguimiento en territorio.
