Informe alerta sobre la viabilidad de AIR-E: pérdidas por $1,159 billones
El informe también revela la contratación de al menos 68 asesores y especialistas mediante una empresa de servicios temporales.

Foto: Air-e Intervenida.

La crisis financiera y administrativa de AIR-E sigue profundizándose. Así lo revela el Informe Integral con corte al 31 de diciembre de 2025 elaborado por la Contraloría General de la República en funciones de Revisoría Fiscal, que advierte sobre serias dudas respecto a la capacidad de la empresa para continuar operando, en medio de pérdidas billonarias, problemas de transparencia y cuestionamientos sobre la contratación de personal de apoyo durante la intervención.
El informe concluye que existe una incertidumbre material sobre la continuidad de AIR-E como negocio en marcha, una de las advertencias más graves que puede emitir una auditoría financiera. Según los revisores, la empresa enfrenta dificultades económicas, operativas y administrativas que comprometen su sostenibilidad y ponen en entredicho su capacidad para superar la crisis que motivó la intervención estatal.
Pérdidas superan los mil millones
Uno de los datos más preocupantes es que AIR-E cerró 2025 con pérdidas netas por $1,159 billones y mantiene un patrimonio negativo. Estas cifras reflejan el deterioro de la situación financiera de la compañía y evidencian que sus obligaciones superan el valor de sus activos, mientras persisten dificultades para generar recursos suficientes para atender sus compromisos.
La Revisoría Fiscal también señaló problemas de liquidez y dificultades para cubrir costos operativos durante varios meses del año. A esto se suma el bajo nivel de recuperación de cartera, especialmente en sectores subnormales, donde el recaudo apenas alcanzó el 4,97 %, limitando aún más la capacidad financiera de la empresa.
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Pero además de los problemas económicos, los auditores advirtieron sobre graves limitaciones para desarrollar su trabajo debido a la falta de información suministrada por la administración. El informe señala que gran parte de la documentación solicitada nunca fue entregada o llegó de manera incompleta, lo que impidió verificar aspectos fundamentales de los estados financieros.
De acuerdo con la Contraloría, al vencerse los plazos establecidos apenas se había recibido de manera completa el 19% de la información requerida y, semanas después, seguía pendiente más de la mitad de los documentos solicitados. Esta situación afectó la capacidad de los revisores para validar la razonabilidad de las cifras reportadas por la empresa.
Entre los documentos que no fueron entregados figuran el plan de recuperación empresarial, el informe forense sobre el ciberataque ocurrido en 2024 y los informes emitidos por la anterior revisoría fiscal. La ausencia de estos documentos impidió establecer con claridad el impacto financiero y operativo de situaciones consideradas clave para evaluar el estado real de AIR-E.
Contratación de más de 60 asesores y especialistas
Otro aspecto que llama la atención en el informe es la contratación de al menos 68 asesores y especialistas a través de una empresa de servicios temporales. Según la información suministrada por la propia administración, de ese grupo aproximadamente 25 prestaban sus servicios en dependencias relacionadas directamente con el despacho del Agente Especial encargado de la intervención.
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Aunque el informe no cuestiona la legalidad de estas vinculaciones, la cifra adquiere relevancia en un momento de crisis financiera, pérdidas superiores al billón de pesos y ausencia de una estrategia empresarial clara para garantizar la recuperación de la compañía. El dato podría generar interrogantes sobre la estructura administrativa implementada durante la intervención y los costos asociados a este esquema de apoyo.
La Contraloría concluye que AIR-E continúa enfrentando problemas estructurales que siguen sin resolverse y que mantienen abierta la incertidumbre sobre su futuro.




