Defensoría evidencia crisis humanitaria en el Sistema Penitenciario y Carcelario del país

Bogotá

La Defensoría del Pueblo presenta un informe que consolidó luego de hacer visitas a establecimientos carcelarios y centros de detención transitoria en Colombia. En estos recorridos quedó en evidencia que el Sistema Penitenciario y Carcelario del país está en crisis humanitaria.

La entidad encontró que persisten fallas estructurales que afectan a los centros de reclusión del orden nacional, como la infraestructura antigua y obsoleta, quejas constantes en la alimentación, hacinamiento penitenciario desbordado, afectaciones en la resocialización de las mujeres privadas de la libertad, crítica situación en salubridad entre otras vulneraciones de derechos.

Hallazgos de las visitas de la Defensoría del Pueblo

En términos de alimentación, solamente el 20% de los municipios subsidiados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) presentó planes para asumir el servicio de alimentación.

En infraestructura, persiste el hacinamiento en estaciones de Policía, ya que los entes territoriales no han adecuado espacios temporales ni construido cárceles para sindicados.

En la prestación de servicios de salud se detectaron barreras recurrentes en la provisión de servicios: demoras en la autorización de procedimientos, dificultades para la asignación de citas especializadas y problemas de abastecimiento de medicamentos, como el presentado de manera crónica en La Modelo y El Buen Pastor, en Bogotá.

Aunque el 45,5% tuvo servicio de energía ininterrumpido el último mes de la visita de la Defensoría del Pueblo, hecha en el segundo semestre del 2025, el 40% de los centros visitados tiene cortes de agua.

Lo detectado en los Centros de Detención Transitoria

El 82,5 % de las personas lleva más de 36 horas en estas instalaciones y el 15% superó el año. Esta situación demuestra que persiste una detención indebida. Hay instalaciones precarias, espacios reducidos, ventilación deficiente, iluminación inadecuada y ausencia de áreas separadas para dormir, alimentarse o realizar las necesidades fisiológicas. Tampoco se garantiza la separación entre condenados y sindicados, y entre hombres y mujeres.

La Defensoría del Pueblo comprobó que existen establecimientos sin duchas para el aseo de las personas detenidas. Encontró lugares donde hay un sanitario para 125 personas, lo que contraría la norma técnica que indica que debe haber 1 sanitario por cada 25 personas. Esto refleja la carencia de un acceso regular a servicios básicos de higiene y configura una vulneración directa de la dignidad humana.

En salud, la mayoría no cuenta con personal médico permanente ni con protocolos claros para la atención de urgencias, la provisión de medicamentos o la remisión oportuna a servicios de mayor complejidad. El personal policial que ejerce la vigilancia no cuenta con la capacitación en su profesión para la prestación de estos servicios.

En alimentación, el 11% de los Centros de Detención Transitoria depende de las familias de las personas detenidas o del comercio informal dentro de las instalaciones, lo que genera desigualdades, riesgos sanitarios y afectaciones al derecho a la alimentación adecuada.

Para la Defensoría del Pueblo es urgente que el Estado avance en una reforma del Sistema Penitenciario y Carcelario de manera que los entes territoriales puedan contar los con recursos para dar una atención adecuada a la población privada de la libertad y de esta manera frenar la vulneración de derechos.