Fiscalía y Procuraduría piden a Corte mantener condena a exdirectivos detrás del título de Bedoya
El recurso de casación también contempla la revisión de la condena contra otros exfuncionarios, entre ellos Jhon Mario Ferrer, Juan Carlos Hoyos, Julián Orlando Rendón, Néstor de Jesús Hincapié y Saúl Benítez.
La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación solicitaron a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejar en firme la condena contra exfuncionarios y exdirectivos de la Universidad de Medellín por las irregularidades en la expedición del título de abogado del exsenador liberal Julián Bedoya Pulgarín.
Durante la audiencia ante el alto tribunal, los representantes de ambos organismos pidieron que no se modificara la sentencia impuesta por el delito de falsedad ideológica en documento público.
De acuerdo con la Fiscalía, las actuaciones de los exfuncionarios no correspondieron a simples errores administrativos, sino a una serie de maniobras coordinadas para aparentar el cumplimiento de requisitos académicos que realmente no existían.
La fiscal del caso, Marlene Orjuela, aseguró ante el magistrado Hugo Quintero Bernate que “es indiscutible que Hernández Giraldo permitió el reintegro extemporáneo de Julián Bedoya sin estudiar la convalidación de las materias cursadas previamente”.
Además, sostuvo que esa decisión permitió que Bedoya fuera reconocido como estudiante de la facultad y que posteriormente Yolanda Cossio organizara de manera exprés la presentación de múltiples exámenes, convocara jurados externos y completara en algunas ocasiones el quórum evaluador, todo con el propósito de simular el cumplimiento de requisitos académicos inexistentes para soportarlos en documentos públicos.
El recurso de casación también contempla la revisión de la condena contra otros exfuncionarios, entre ellos Jhon Mario Ferrer, Juan Carlos Hoyos, Julián Orlando Rendón, Néstor de Jesús Hincapié y Saúl Benítez.
La sentencia emitida el pasado 15 de enero impuso penas de hasta cinco años de prisión para algunos de los implicados, quienes podrían cumplir la sanción bajo prisión domiciliaria. Asimismo, se les impusieron inhabilidades de hasta 72 meses para ejercer cargos públicos.
La defensa de los exdirectivos interpuso el recurso de casación con el argumento de una supuesta falta de imparcialidad del tribunal y posibles influencias indebidas entre magistrados. No obstante, la Fiscalía aseguró que no existen pruebas de parcialidad y defendió que la decisión judicial fue adoptada de manera autónoma e independiente.
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...
