Exministro Gómez Méndez: Presidente no puede ordenar suspensión de capturas sin aval de la Fiscalía

Un intenso debate jurídico ha surgido en Colombia, enfrentando al Presidente de la República y a la Fiscalía General de la Nación, en relación con la suspensión de órdenes de capturas del Ejército Gaitánista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo.

El presidente Gustavo Petro solicitó la suspensión de estas órdenes a cabecillas del Clan del Golfo, incluyendo a Jobanis de Jesús Ávila Villadieg, alias ‘Chiquito Malo’, mientras que la fiscal general de la Nación manifestó su negativa.

Para arrojar luz sobre esta controversia, el penalista y exministro de Justicia de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, ofreció su análisis.

Según Gómez Méndez, la respuesta a si el presidente puede ordenar unilateralmente dicha suspensión es un rotundo “no”. El exministro contextualizó la situación, mencionando la Ley 418 de 1997, concebida como un marco para la paz durante la administración de Ernesto Samper, que otorgaba facultades al presidente de la República para facilitar los procesos de paz. Sin embargo, Gómez Méndez enfatizó que esta ley fue diseñada para tratar con grupos armados con objetivos políticos, no con delincuentes comunes.

Cuestionó la aplicación de esta normativa a grupos delicados al narcotráfico y la minería ilegal, a quienes hoy se les estaría dando un “tratamiento político” para el cual la ley no fue concebida.

Dentro de la Ley 418 de 1997 existía la posibilidad de suspender órdenes de captura para los llamados “gestores de paz”. No obstante, criticó que esta figura ha sido “totalmente desvirtuada en este gobierno”. Mencionó su propia experiencia durante el proceso de paz en el Caguán, donde autorizó suspensiones de órdenes de captura al existir un proceso de paz serio.

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