Abogado del Clan del Golfo critica decisión de la Fiscalía: la competencia es del presidente Petro

Los diálogos de paz con el Ejército Gaitánista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, atraviesan un momento de profunda incertidumbre, marcado por desacuerdos entre la Fiscalía General de la Nación y la Presidencia de la República.

Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, ofreció una perspectiva crítica sobre la situación actual, criticando la decisión de la Fiscalía General y señalando inconsistencias en la gestión gubernamental.

La principal controversia gira en torno a la suspensión de las 29 órdenes de captura, incluyendo la de Jobanis de Jesús Ávila Villadieg, alias ‘Chiquito Malo’, que la fiscal general de la Nación se abstuvo de revocar. Según Giraldo, esta decisión de la Fiscalía General carece de competencia, ya que la facultad para suspender la ejecución de las órdenes recae exclusivamente en el presidente de la República, amparado por la Ley 2272 de 2022, conocida como la ley de Paz Total.

El abogado enfatizó que esta interpretación ha sido respaldada por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023. Giraldo recordó que el presidente Petro ya había autorizado las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) mediante la resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, firmada por el mismo, y que esta resolución faculta al comisionado de Paz para expedir suspensiones de órdenes de captura, incluso aquellas con fines de extradición.

En ese sentido, el abogado criticó la postura de la fiscal general, quien en enero de 2026 había emitido un acto administrativo señalando que la suspensión de órdenes de captura operaba por virtud de la ley 2272, pero que el 12 de mayo del presente año adoptó una posición contraria. Giraldo atribuyó este cambio a la “presión nacional e internacional y época electoral”, sugiriendo que la Fiscalía busca “quedar bien con al menos un sector del país”.

En 6AM W se cuestionó la existencia de una resolución de enero de 2026 de la Fiscalía General de la Nación sobre la suspensión de órdenes de captura en medio de los procesos de paz. El abogado Giraldo, aclaró que, si bien no era una resolución, se trataba de una respuesta al comisionado de Paz, Otty Patiño, firmada por la fiscal Luz Adriana Camargo, donde se reiteraba que la suspensión de órdenes de captura y la puesta en marcha de las ZUT no afectan el ejercicio de la acción penal y que la suspensión opera por mandato de la ley, no por disposición de la Fiscalía.

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