Gremios del Atlántico rechazan traslado de cabecillas criminales a cárceles de Barranquilla
Expertos en seguridad siguen cuestionando al Gobierno por la falta de coordinación y la no inclusión de víctimas en diálogos con Los Costeños y Los Pepes.
Digno Palomino, alias ‘Castor’ y el ‘Negro Ober’
El Comité Intergremial del Atlántico expresó su rechazo categórico ante la decisión del Gobierno nacional de trasladar a Barranquilla a cabecillas de organizaciones criminales como alias Castor y alias Digno Palomino, en el marco de los diálogos de la denominada “paz total”.
Efraín Cepeda Tarud, presidente ejecutivo de Intergremial, quien advirtió que las cárceles de la ciudad no cuentan con las condiciones de máxima seguridad necesarias para albergar a estos jefes criminales.
“Lo que vemos es que la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico les falta mucho para avanzar en temas de seguridad y hemos visto una escalada criminal en los primeros días del año, así que no sé qué cifras están viendo en la Presidencia de la República y lo que se necesita es un plan de acción coordinado que permita frenar estas acciones criminales”, sostuvo.
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El dirigente gremial calificó esta eventual medida como un atentado contra la seguridad de la ciudad y del departamento y reiteró su respaldo al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, al considerar que son ellos quienes conocen de primera mano la situación de seguridad y han levantado la voz de alerta frente a los traslados.
¿Qué dicen los expertos?
Expertos en seguridad siguen cuestionando al Gobierno por la falta de coordinación y la no inclusión de víctimas en diálogos con Los Costeños y Los Pepes.
El freno al traslado de cabecillas de las bandas criminales Los Costeños y Los Pepes hacia cárceles de Barranquilla volvió a encender el debate sobre la estrategia del Gobierno frente a la violencia urbana y la llamada política de paz total.
El politólogo de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán, advirtió que el principal problema que deja al descubierto esta situación es la descoordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales.
Según explicó, la decisión inicial de trasladar a los cabecillas se tomó sin considerar las realidades del territorio ni concertarla con el Distrito y el Departamento. Posteriormente, la reacción del alcalde Alejandro Char y los pronunciamientos del ministro de Justicia llevaron a que el Gobierno diera marcha atrás.
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El académico también alertó que no se trataba únicamente del traslado de tres cabecillas, sino de una lista de 17 personas, solicitada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, lo que refuerza la percepción de falta de claridad y coordinación dentro del propio Ejecutivo.
Además, que uno de los puntos más críticos señalados fue la ausencia de las víctimas en los diálogos.
“Me extraña que no estén las víctimas en todo este escalamiento de violencia urbana como los comerciantes o familiares de choferes de buses asesinados. Es importante que lleguen a la mesa y sean tenidas en cuenta”, agregó el analista.
En cuanto a los resultados en materia de seguridad, Tuirán señaló que, si bien se ha anunciado una disminución de homicidios y extorsiones en Barranquilla, el fenómeno criminal no se limita a los límites del Distrito. Por el contrario, en varios municipios del Atlántico y en el consolidado departamental, las cifras de estos delitos han aumentado de forma preocupante durante el segundo semestre de 2025.
