Consejo de Estado condenó al Ejército por el asesinato de un recolector de hoja de coca en Anorí
En su momento, los militares simularon un combate e hicieron pasar al campesino como un delincuente abatido.
Ejecuciones extrajudiciales. (Imagen referencial). Foto: Getty Images.(Thot)
El Consejo de Estado confirmó la responsabilidad del Ejército Nacional en la ejecución extrajudicial del recolector de hoja de coca Hugo Alberto Arango Galeano, asesinado el 27 de enero de 2007 en zona rural de Anorí, en el nordeste de Antioquia, por integrantes del Batallón de Infantería N.º 42 Batalla de Bomboná.
La decisión ratifica que no hubo ningún enfrentamiento —como se informó en un primer momento— y que la víctima fue presentada como un delincuente abatido en combate. Según el expediente, Arango Galeano y un amigo acudieron al sector conocido como Montañita tras ser citados por miembros del B-2 de inteligencia militar.
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Allí, luego de que los uniformados les exigieran información sobre un raspado de coca en una finca de la zona, los soldados les dispararon. Arango Galeano murió de inmediato; su acompañante, herido, logró huir y pedir auxilio en la zona urbana del municipio.
¿Y la versión militar?
La versión militar, que aseguraba que los hombres habrían atacado a la patrulla, quedó desvirtuada. En la escena solo se encontraron casquillos calibre 5.56, correspondientes a fusiles oficiales, y las armas que portaban las víctimas no registraban disparos. El sobreviviente también declaró que nunca hubo un intercambio de fuego, confirmando que se trató de una ejecución extrajudicial.
El abogado de la familia, Javier Villegas Posada, aseguró que “este fallo demuestra que a Hugo Alberto lo ejecutaron y luego montaron un escenario para hacerlo pasar como una baja en combate”. Destacó además que decisiones como estas son esenciales para la verdad histórica y la reparación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país.
El Tribunal Administrativo de Antioquia ya había condenado al Ejército en primera instancia, pero la institución apeló. En segunda instancia, el Consejo de Estado acogió la tesis de la parte demandante y concluyó que los uniformados incurrieron en una “falla gravísima del servicio” al emplear fuerza letal contra civiles desarmados y sin que existiera amenaza. Como consecuencia, ordenó indemnizar a la familia de Arango Galeano por los daños morales y materiales causados.
