Defensa de Daniel Quintero: segunda instancia de Procuraduría no afectaría su campaña
Según el equipo de abogados del exalcalde, en caso de que la Procuraduría falle, debe pasar por revisión del Consejo de Estado.
Daniel Quintero en la Procuraduría - Colprensa / Mariano Vimos
Medellín, Antioquia
El equipo jurídico del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle estima que en ninguna circunstancia la candidatura del exalcalde este en peligro por medidas de la Procuraduría. cuestionó la relevancia práctica del fallo disciplinario de la Procuraduría General de la Nación, que en primera instancia lo sancionó con destitución e inhabilidad por supuestas irregularidades en la ejecución de un contrato con Metroparques.
Según sus abogados, la sanción disciplinaria, que podría darse en segunda instancia, no tendría efectos inmediatos, ya que, al tratarse de un funcionario elegido por voto popular, la Constitución exige control judicial por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, específicamente el Consejo de Estado, antes de que cualquier inhabilidad pueda ejecutarse.
“Dado que fue electo por voto popular, la segunda instancia —en caso de que confirme el fallo— debe ser revisada por el Consejo de Estado. Y hasta ahora, el Consejo no ha confirmado ninguna de las sentencias sancionatorias emitidas por la Procuraduría”, explicó una fuente del equipo jurídico de Quintero.
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Casos represados y sin efectos electorales inmediatos
Los abogados argumentan que el Consejo de Estado tiene procesos represados desde hace más de tres años, lo que convierte en poco probable que una eventual sanción llegue a tener repercusiones jurídicas antes de las elecciones presidenciales de 2026, para las cuales Quintero ya ha lanzado su precandidatura.
Esta posición se sustenta en fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han reiterado que los órganos administrativos como la Procuraduría no pueden inhabilitar políticamente a ciudadanos elegidos por voto popular, sin control judicial previo.
“La Comisión Interamericana ha rechazado explícitamente que la Procuraduría imponga este tipo de sanciones por tratarse de un ente administrativo y no judicial”, añadieron desde la defensa del exalcalde.
Contexto de la sanción
La Procuraduría sancionó a Quintero en primera instancia por la firma de un contrato interadministrativo de $16.000 millones entre la Secretaría de Movilidad y Metroplús, celebrado en junio de 2023, presuntamente sin los estudios previos completos y pocas horas antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías.
No obstante, desde el equipo jurídico del exmandatario afirman que la sanción forma parte de una persecución política y que los argumentos de la defensa no fueron debidamente considerados en la investigación disciplinaria.
Quintero, por su parte, ha insistido en redes sociales y medios de comunicación que su familia y su equipo han sido objeto de una “persecución sistemática”, la cual —según él— busca frenar su crecimiento político de cara a las presidenciales.
