Planta del Salitre: CAR tiene frenado millonario pago al contratista

Caracol Radio revela nuevos detalles de la megaobra de 1.5 billones de pesos que tiene el propósito de descontaminar el río Bogotá.

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Caracol Radio revela nuevos detalles del escándalo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) del Salitre en Bogotá, luego de una revisión detallada el expediente digital que reposa públicamente en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Caracol Radio publicó en primicia la alerta oculta sobre la parálisis de la planta por falta de mantenimiento en los equipos y la falta de capacitación de algunos funcionarios del Acueducto, así como la indagación de la Fiscalía desde enero pasado a la gerente de esa empresa Acueducto, Cristina Arango, y a uno de los interventores, IVK, por presunto fraude procesal.

En este nuevo capítulo, Caracol Radio pone la lupa sobre la advertencia de un posible detrimento patrimonial si la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca no le paga al contratista CPES las obras que están funcionando.

Primero, se debe aclarar que la orden de pago de la CAR al consorcio CEPS, conformado por españoles, griegos y colombianos, fue decretada por el Tribunal desde el 15 de diciembre de 2021, un día antes de que el Acueducto asumiera la operación de la planta.

El interventor IVK no objetó varias obras, es decir, verificó que varios equipos sí están operando y funcionando. Entonces, el monto autorizado a pagar es de 117 mil millones de pesos.

Ya estaban en marcha impugnaciones del Acueducto y la CAR contra la medida cautelar en septiembre de 2021 dictada por el Tribunal que siguen siendo estudiadas por el Consejo de Estado, pero llamó la atención una de estas.

La Procuraduría General, en cabeza de su delegada ambiental y agraria Alba Rocío Ávila, impugnó la decisión de pagarle al contratista, NO el 27 de Julio, como se anunció en un comunicado de prensa, sino el 12 de enero. Incluso, ese recurso fue rechazado por el mismo Tribunal en febrero de este año porque era improcedenteCaracol Radio conoció los documentos que así lo demuestran

Recurso de apelación de la Procuraduría el 12 de enero. / Caracol Radio.

Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de febrero. / Caracol Radio.

Auto del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de febrero. / Caracol Radio.

En ese pronunciamiento, el Ministerio público argumentó que “el juez de los derechos colectivos no tiene competencia para pronunciarse y resolver asuntos sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales, y que, conforme a lo establecido por la Corte Constitucional a las partes, se les deben garantizar el debido proceso, lo que no ha acontecido en este caso”.

En una de las audiencias públicas celebradas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de junio, el mismo director de la CAR de Cundinamarca, Luis Fernando Sanabria, le dijo a la magistrada Nelly Villamizar, que iba a realizar el dichoso pago de 117 mil millones de pesos.

“La entidad, señora magistrada, acatando la orden absoluta de su señoría, en este momento está haciendo curso para realizar el pago conforme a la preparación de los actos administrativos correspondientes, cancelando la orden en su totalidad del hito I”, indicó Sanabria.

Sin embargo, llegó el 14 de Julio y nada que se desembolsaba el dinero. Por eso el Tribunal reiteró, de nuevo, la obligación de pagarle al contratista CEPS. Al día siguiente, según otro documento conocido por Caracol Radio, la CAR ya tenía lista la factura de pago.

Factura de la CAR de Cundinamarca por 117 mil millones de pesos. / Caracol Radio.

Y ahí fue cuando todos se fueron contra la magistrada Villamizar. La Procuradora delegada, Alba Ávila, emitió nuevos recursos de apelación solicitando revocar la decisión del 15 de diciembre.

Hasta la próxima ministra de Ambiente, Susana Muhamad, la denunció en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual abrió una investigación contra la magistrada que está en curso por, presuntamente, favorecer los intereses del contratista.

¿Por qué a la fecha sigue paralizado el pago al contratista?

El Tribunal de Cundinamarca ordenó en mayo pasado un peritaje, es decir, una evaluación del estado actual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales que podría tardar meses. Está a cargo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, considerada como la entidad técnica más prestigiosa del país.

Entonces, lo que solicitó la CAR, en un documento conocido por Caracol Radio, es una prórroga para el pago de los 117 mil millones de pesos hasta tanto no se dé ese cumplimiento a la práctica de las pruebas decretadas por el Tribunal y la Corporación se pronuncie en sus alegatos de conclusión.

CAR de Cundinamarca realiza prórroga de pago al contratista. / Caracol Radio.

Sin embargo, más demoras en este pago podrían impactar, al parecer, las finanzas públicas. Una fuente cercana al proceso indicó que los equipos que están funcionando y operando, que no fueron objetados por el interventor IVK, fueron comprados en dólares y euros.

Provienen de países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Canadá, Brasil y Holanda. En momentos en los que la tasa de cambio del dólar supera los 4.000 pesos, podría haber la riesgosa posibilidad de que aumente la cifra de los 117 mil millones de pesos.

Pero hay otro problema. Hay 250 proveedores colombianos e internacionales que están esperando ese pago por parte del CEPS. Según detalló la fuente, hay 8 embargos de cuenta contra el contratista.

CAR instala por fin Comité de Controversias

Este jueves se logró un gran avance para dirimir las diferencias entre la CAR de Cundinamarca y el contratista CEPS. Después de seis años, tal y como se estableció en el contrato para ampliar la PTAR Salitre, se instaló el Comité de Verificaciones. Tenía que instalarse desde el 2016.

Fueron necesarias 27 reuniones de trabajo desarrolladas durante 16 meses, que impulsó Gabriel Jurado, delegado ambiental de la Contraloría General de la República. "Con el documento que hoy se firmó se garantiza que la PTAR no se va a paralizar", afirmó.

De manera unánime se acordó acudir como figura del Amigable Componedor a la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) para solucionar las controversias que han venido presentándose en el proyecto.

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