Denuncian muerte de civiles en operación militar en Putumayo
Organizaciones sociales dicen que habría un menor de edad. El Ejército defiende la operación que iba dirigida contra las disidencias FARC.
Las Fuerzas Militares dicen que son 11 disidentes FARC y fue incautado material de guerra; organizaciones sociales dicen lo contrario. (Cortesía: Ejército Nacional)
La Red de Derechos Humanos del Putumayo y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) están denunciando que las Fuerzas Militares habrían presentado civiles como disidentes FARC muertos en una operación realizada el lunes 28 de marzo en zona rural de Puerto Leguízamo (Putumayo).
Las organizaciones sociales denuncian que entre los 11 muertos que registró el Ejército Nacional, habría por lo menos 7 civiles: Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso; Ana María Sarria Barrera, esposa del presidente de la Junta; Brayan Santiago Pama, un menor de Edad 16 años y Pablo Panduro Coquinche, Gobernador del Cabildo Kichwa.
Asimismo, señalan que habría una persona identificada como Oscar Olivo Yela y otras dos conocidas como ‘Pequeño’ y ‘Cuéllar’, habitantes de la zona. Según esa Red de Derechos Humanos, la comunidad reporta cuerpos desaparecidos, también informan desplazamiento de los habitantes de la vereda Alto Remanso, donde se realizó la operación militar.
Por su parte, la Opiac entregó una versión de uno de los familiares de estas personas. Al parecer, antes de la operación del Ejército, las víctimas se encontraban en una ‘caseta comunal’ donde realizaban un ‘bazar’ en donde habrían recolectado ‘11 millones de pesos’ para las necesidades de la misma vereda.
La Opiac considera que es un ‘falso positivo’ por parte de las Fuerzas Militares, por lo que pide al ministro de Defensa, Diego Molano, retractarse de un trino en el que informa de la operación militar y solicita a la Fiscalía y a la Policía Judicial garantías para el desarrollo de las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.
Esa organización indígena indicó que Pablo Panduro Coquinche fue elegido como Gobernador del Cabildo Kichwa el pasado 15 de enero, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Leguízamo.
Por ahora, no ha habido una respuesta concreta a estas denuncias de las organizaciones indígenas y de Derechos Humanos, pero este martes, un día después de la operación militar, el Ejército Nacional presentó una declaración y un comunicado de prensa.
El jefe del Comando Conjunto N°3 Suroriente, general Edgar Rodríguez, informó que la ofensiva estaba dirigida contra una comisión de finanzas de la disidencia FARC ‘Comandos de Frontera’, brazo armado en el sur del país de la ‘Segunda Marquetalia’, al mando de ‘Iván Márquez’.
Según dijo el alto oficial, el objetivo principal era ubicar a alias ‘Bruno’ quien, al parecer, “se encargaba en el caserío del Alto Remanso de reunir a la población civil, de recibir la pasta base de coca para comercializarla y les cancelaba. Esto lo hacía todos los fines de semana”.
El general Rodríguez aseguró que los muertos son “11 integrantes de esta estructura criminal y cuatro fueron heridos, a quienes se les prestó los primeros auxilios con los enfermeros de combate y luego trasladados a centros hospitalarios de Puerto Asís”.
Los cuatro capturados, según detalló el Ejército, resultaron heridos en medio de los combates. “Precisamente, minutos antes, en medio del combate, los miembros de ese GAO-r atacaron con ráfagas de fusil a quienes luego se encargaron de estabilizarlos y salvarles la vida”, indica el comunicado.
Entre los heridos se encuentra una mujer en estado de embarazo, quien haría parte de esta estructura criminal y habría participado en el ataque armado a las tropas. “Esta persona, según información preliminar, presenta una afectación leve en una de sus piernas, y fue trasladada, junto con los otros heridos, en un helicóptero de la División de Aviación Asalto Aéreo”, dice el Ejército.
En el mismo hecho, un soldado resultó herido. De momento, se han incautado seis armas de fuego, material de intendencia y munición. Será Medicina Legal la encargada de la identificación de los cadáveres. Se desconoce si entre los fallecidos está algún cabecilla.
