Más decisiones para recuperar el dinero adelantado a Centros Poblados
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó más de 17 medidas para proteger recursos superiores a los 70 mil millones de pesos
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó medidas cautelares de urgencia con relación al contrato entre el Ministerio Tic y Centros Poblados. Dentro de las ordenes impartidas en el fallo está el embargo de todas las cuentas corrientes y de ahorro que tenga la Unión Temporal Centros Poblados, así como los socios que la integran. El monto del embargo será por el valor del anticipo pagado a la Unión Temporal, esto es más de 70 mil millones de pesos.
También se ordenó el embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles, de rentas y derechos que llegasen a tener en otros contratos firmados con entidades públicas, cuentas pendientes por pagar y cobrar que tengan la Unión Temporal Centros Poblados
Lea también:
- Con arma de fuego, sicario mató a joven en el barrio Nuevo Bosque de Cartagena
- Director de la Policía presentó plan contra el delito para Barranquilla
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pide a las Cámaras de Comercio del país que se abstengan de realizar inscripción, modificación o registro mercantil alguno de la Unión Temporal Centros Poblados.
Además, se le pide al Ministerio De Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General que, en el término de tres días, realicen la búsqueda de personas naturales o jurídicas en el exterior vinculadas con estos hechos.
El Banco de la República en un termino de tres días deberá informar sobre los trámites cambiarios, compras de divisas, negocios o trámites similares en los que hayan participado las empresas, los representantes legales y socios de las sociedades que integran la Unión Temporal Centros Poblados.
Puede leer:
- Las acciones del Distrito para combatir episodios de inseguridad en Bogotá
- Policía Militar hará patrullajes en las zonas más inseguras de Bogotá
El Ministerio TIC deberá en cinco días iniciar los procedimientos a que haya lugar y adopte las medidas para determinar que permitió la consolidación de las irregularidades que se expusieron en los hechos de la presente acción constitucional.
Con este fallo se acoge la acción popular presentada por la Procuraduría que pedía el reintegro inmediato del anticipo y pago de los perjuicios a la Nación y que se declararan vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y acceso al servicio público esencial de Internet.