Procuraduría busca recuperar plata de contrato caducado de MinTIC
Considera que se está vulnerando el patrimonio público y el derecho al servicio esencial de internet.
Ministra de las TIC, Karen Abudinen, en debate de moción de censura en la Cámara de Representantes.(Colprensa: Camila Díaz)
El Ministerio Público interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que la Unión Temporal Centros Poblados y sus integrantes devuelvan el anticipo del caducado contrato con el Ministerio de las TIC por valor de $70.243.279.599.
La Procuraduría General considera que, ante las irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas tendientes a evitar la recuperación de los recursos, es necesaria esta medida que “disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”.
Para el organismo de control, con ocasión a las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación de ese contrato, “hay una vulneración a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet”.
La acción popular es contra el Ministerio de las TIC, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Fontic), la Unión Temporal Centros Poblados, once empresas y una fundación.
Asimismo, se solicita al Tribunal de Cundinamarca ordenar a los integrantes de la UT Centros Poblados, así como a los socios, partícipes y/o beneficiarios, SESCOLOMBIA S.A.S Y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, resarcir los perjuicios ocasionados a la Nación por una cuantía equivalente a 42.944 salarios mínimos.
También, “establecer el pago del daño emergente ocasionado por cuenta de la planeación y ejecución del objeto contractual, sin el cumplimiento de los requisitos legales para su ejecución”.
Por último, la Procuraduría pide una ordenar al MinTIC y Fontic adoptar medidas frente SESCOLOMBIA S.A.S, la interventoría y los funcionarios públicos y demás contratistas que tuvieron involucradas en las irregularidades presentadas.
Y, asimismo, “establecer los correctivos y medidas legales, judiciales, contractuales, administrativas, financieras y/o técnicas, que aseguren o propendan por la prestación eficiente, continua y permanente del servicio público esencial de internet, de acuerdo con el alcance del Contrato Fondo N°. 038 de 2020 en los 15 departamentos y en Bogotá, según objeto del contrato N°. 1043 de 2020”.
