Informe de la CIDH sobre protestas: estos son los puntos más importantes
Caracol Radio conoció el contenido de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia.
Protestas en Colombia / Getty Imagenes
En el documento sobre las recomendaciones y observaciones que hace la CIDH sobre su visita a Colombia se destacan diferentes puntos sobre las manifestaciones, diálogos y seguridad, entre otros.
La CIDH asegura que se debe promover y reforzar un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores, en especial a aquéllos que han sido más afectados por discriminación histórica.
Que se deben redoblar esfuerzos en la implementación integral y cumplimiento del Acuerdo de Paz, para enfrentar y contrarrestar las causas estructurales de la violencia y de las protestas.
La CIDH pide que en Colombia se debe garantizar la vida, integridad personal y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron ante la Comisión Interamericana en su visita.
Además, que se debe aprobar una ley estatutaria que regule el derecho a la protesta, de acuerdo con lo dictado por la Corte Suprema y en conformidad a los estándares internacionales.
Así mismo, tomar las medidas necesarias para el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas sociales.
Entre otras recomendaciones que hace la CIDH están:
- Limitar la actuación del ESMAD a casos estrictamente necesarios y separar a la Policía de la estructura del Ministerio de Defensa.
- Tomar las medidas necesarias para el cese inmediato del uso de la figura del traslado por protección en el marco de las protestas y manifestaciones.
- Asegurar que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles.
- Abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protestas.
- Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, mediante la protección de los periodistas y el cese de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios.
