La Corte Constitucional tumbó el decreto que estableció el impuesto solidario, en medio de la emergencia por el COVID-19.

El decreto 568 establecía que los funcionarios públicos, contratistas del Estado y pensionados que ganaran más de 10 millones de pesos debían aportar hasta un 20% de su salario, para mitigar los efectos económicos en medio de la pandemia.

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Ese dinero iba destinado para ayudar a la clase media vulnerable y a trabajadores informales. Ahora la Corte señala que es inconstitucional y que su fallo tiene efectos retroactivos.

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Sin embargo, el Estado no tendrá que devolver el dinero a las personas a las que ya se les cobró el fallido impuesto, sino que se considerará como anticipo para el pago del impuesto de renta el próximo año.