Magistrada bien perfilada

Una profesional del derecho puede haber sido jueza penal militar durante 14 años.

Una profesional del derecho puede haber ingresado voluntariamente a la Fuerza Pública y vestir el uniforme.

Una profesional del derecho puede ser teniente del Ejército y reconocer como supremo comandante, como su jefe, al presidente de la República, en este caso Álvaro Uribe Vélez.

Una profesional del derecho puede ser parte de la oficina de enlace del Ejército con el Congreso.

Una profesional del derecho puede haber ascendido al rango de mayor del Ejército.

Todo eso es válido y respetable. Pero si esa profesional del derecho llega a ocupar una silla en la Corte Suprema de Justicia, la manera que tiene de garantizar equidad en sus decisiones es declararse impedida para estudiar casos que comprometan a la Fuerza Pública, al Ejército y a Álvaro Uribe Vélez.

¿Libertad es presión?

El impedimento no es una suerte de obstáculo al ejercicio de la justicia. Todo lo contrario: es una sana manera de honrar esa responsabilidad.

Si un magistrado, por ejemplo, trabajó 20 años en el sector de las electrificadoras como asesor, al llegarle a conocimiento un caso que involucra a las electrificadoras, se declara impedido y permite que otro jurista decida.

Si un magistrado tiene parientes con intereses en asuntos contemplados en el asunto que le corresponde por reparto, se declara impedido.

Aplausos camino al cementerio

Si un magistrado tuvo vínculos profesionales con una entidad pública, se declara impedido y no se pronuncia en sus decisiones si es que comprometen intereses de esa entidad.

Las persecuciones contra la magistrada no son terreno en el cual se mueva este programa, como tampoco su defensa, que en nada le compete al periodismo.

Cuando uno ha tenido estrechos vínculos con personas e instituciones, máxime en la milicia, que más que un trabajo, es una cuestión de pasión y honor... Cuando se han tenido esos nexos, decimos, y se es juez o magistrado, se prefiere la declaración de los impedimentos en decisiones que comprometan esos intereses, y se evitan de esa manera naturales suspicacias sobre el equilibrio del jurista.

Ínfimo y ridículo

O uno insiste en participar en esas decisiones y se debe aceptar también la crítica y el escrutinio público, que es lo que le pasa a la magistrada Cristina Lombana de la Corte Suprema de Justicia.

La magistrada puede insistir en no entender esto tan claro que planteamos y por eso se expone a otra figura, la recusación, y a que se retiren de sus manos los casos en cuestión, como ya ha pasado y seguramente seguirá pasando, mientras confunda el negro de la toga con el verde del uniforme.

Magistrada, el 20 de diciembre usted tuvo conocimiento, después de un allanamiento que ordenó, de la existencia de las carpetas de perfilamiento, y se lo reconoció a un grupo de personas a quienes les dijo que era material sin mayor importancia. Reconózcalo con gallardía porque los testigos son varios y usted sabe perfectamente quiénes son.

Médicos en peligro

Usted, magistrada, debió, como funcionaria, poner de inmediato en conocimiento de la autoridad competente la existencia de esos archivos, pero dejó pasar cinco meses.

Usted, magistrada Lombana, parte del más alto tribunal de nuestra justicia, no debió acudir a largas reuniones con generales en instalaciones militares. Si su tarea lo requería, bien podría haberlos citado en escenario diferente al militar.

Le dejo una última y respetuosa inquietud, a usted, que no se inhabilita para conocer de temas castrenses: magistrada, militar o particular, ¿cuál, a fin de cuentas, es su perfilamiento?