INVESTIGACIONES

Contraloría relaciona dos casos de presunta corrupción

El organismo de control informó que hay indagaciones preliminares por la compra de mercados en Girón y Barrancabermeja.

La Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría General de la República relacionó los casos de presunta corrupción detectados en 27 de municipios y gobernaciones durante el actual estado de emergencia sanitaria.

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Los hechos están conectados con la supuesta compra irregular de mercados que fueron distribuidos entre familias de sectores vulnerables y la adquisición de insumos médicos para la atención de la pandemia.

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De Santander se investigan dos casos; los hechos están en la etapa de indagación preliminar. Se trata de determinar si hay o no mérito para abrir proceso de responsabilidad fiscal.

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Los hechos del departamento que se indagan son los siguientes:

Municipio de Girón

Mediante Auto No. 219 de 2020, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de indagación preliminar por presuntos sobrecostos del 32% en la adquisición de 20.000 kits de mercado para población vulnerable.

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El contrato por $1.400 millones fue suscrito entre el municipio de Girón, a través de la Jefe de la Oficina de Contratación, Luz Mireya Machuca, y el señor Ariel Castro Garcés, dueño del establecimiento comercial Surticostos. El valor de cada kit contratado es de $70.000, cuando la Contraloría calculó -con cifras del DANE-, un precio de referencia de $53.191, para un total de $1.063.820.000, con lo cual se evidencia un sobrecosto de más de $336 millones.

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La Contraloría evidenció ausencia de oferta económica del contratista y de información sobre los beneficiarios de los kits alimentarios. Además, las obligaciones del contrato son genéricas. En cuanto a la ejecución contractual, se pudo constatar ausencia de soportes que permitan evidenciar la cabal y efectiva entrega de los kits alimentarios a cada uno de los beneficiarios.

Municipio de Barrancabermeja

Mediante Auto No. 228 de 2020, la Contraloría General de la República abrió indagación preliminar por presuntos sobrecostos en el contrato No. 0419-20 del27 de marzo de 2020, suscrito entre el Distrito de Barrancabermeja y la sociedad Disandi SAS, por valor de $815.905.200, cuyo objeto era el suministro de 5.000 kits alimentarios para la población vulnerable.

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La Contraloría determinó un presunto sobrecosto por kit alimentario del 41% y señaló, además, la ausencia de estudios de mercado y/o sector, así como falta de información sobre beneficiarios y valores unitarios dentro de los estudios previos y ofertas económicas.


 

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