Trabajadores de la rama judicial en el Quindío denunciaron la desfinanciación del sector para 2027
A las afueras del palacio de justicia de Armenia se llevó a cabo una manifestación por parte de los trabajadores de la rama judicial
Víctor Hugo Arango Uribe Presidente Asonal Judicial Quindio
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Armenia
A las afueras del palacio de justicia de Armenia se llevó a cabo una manifestación por parte de los trabajadores de la rama judicial debido a la crisis estructural, presupuestal y laboral que consideran amenaza la independencia y el correcto funcionamiento de la administración de justicia en el país.
El presidente de Asonal Judicial Quindío, Víctor Hugo Arango Uribe sostuvo que en todas las sedes judiciales a nivel nacional establecieron las jornadas para dar a conocer la preocupación por los recortes presupuestales de este año y el desfinanciamiento de la justicia para la vigencia del año 2027 puesto que se requiere un presupuesto necesario de $17.53 Billones de pesos, pero explicó que solo se aprobaron $11.43 Billones lo que genera un déficit de $6.10 Billones de pesos.
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“Con la consigna justicia sin financiación, pierde toda la nación, los servidores judiciales en el departamento del Quindío y en todas las sedes judiciales del país, hemos adelantado e iniciado jornadas nacionales de denuncia al desfinanciamiento de la rama judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal y el CTI, ante los recortes presupuestales previstos para el año 2026 a través de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional”, indicó.
“Se plantea para el año 2026 y se ejecuta un recorte presupuestal de aproximadamente 696.000 millones de pesos para la rama judicial, 260.000 millones de pesos para la Fiscalía General y 17.000 millones de pesos para Medicina Legal y Ciencias Forenses”, explicó.
Fue claro que todo lo anterior repercute en el servicio de justicia para la ciudadanía por eso se han declarado en asamblea permanente con el fin de encontrar soluciones a la situación.
“Todos estos recortes presupuestales generan una afectación al funcionamiento de la Administración de Justicia, que finalmente repercute en el servicio de justicia para la ciudadanía en todo el país”, destacó.
Asimismo, mencionó que un menor presupuesto para la justicia provocaría mayor congestión judicial, menor capacidad institucional, sobrecarga para los servidores judiciales y riesgos para el acceso oportuno a la justicia.
Otro de los puntos de llamado de atención es el relacionado con la necesidad de adecuación e intervención de las sedes judiciales que resultaron afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto en el Quindío.

Vanessa Porras Valderrama
Comunicadora social-Periodista de la Universidad del Quindío (2016). Trabajó en la Súper Estación cubriendo...




