Por recorte de $170.000 millones a la JEP, piden medidas cautelares ante la CIDH

Con una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación Forjando Futuros espera proteger los derechos de más de 600 víctimas del conflicto armado, ante las afectaciones que pueda tener el recorte de más de 170.000 millones de pesos al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz.

La organización busca que la CIDH requiera al Estado colombiano garantizar los recursos necesarios para que las víctimas puedan continuar participando en las diligencias judiciales, con acceso a representación jurídica, acompañamiento psicosocial y herramientas tecnológicas para seguir las audiencias.

“Hemos presentado ante la Comisión Interamericana esta medida cautelar para que le exija al gobierno colombiano, a través de órdenes judiciales, que cumpla con esas garantías para las víctimas. ¿Y eso qué implica? Recursos para que las víctimas puedan participar de esas diligencias judiciales, puedan estar allí en las condiciones que es justo que estén, con representación jurídica y con apoyo psicosocial”, afirmó Gerardo Vega Medina, abogado de la Fundación Forjando Futuros.

De acuerdo con la Fundación, la disminución de recursos podría limitar la participación de quienes acuden a la JEP en busca de respuestas sobre desapariciones forzadas, desplazamientos y otros hechos de violencia ocurridos durante el conflicto armado colombiano.

Víctimas de Antioquia, Chocó y Córdoba, entre las afectadas

La solicitud presentada ante la CIDH busca proteger a 634 víctimas, en su mayoría campesinos de Antioquia y de diferentes municipios de Chocó y Córdoba, que han acudido a la JEP para conocer la verdad sobre los hechos violentos que afectaron sus vidas, sus familias y sus territorios.

Para esta población, las diligencias judiciales representan una oportunidad de escuchar los testimonios de los comparecientes, formular preguntas y obtener información sobre lo ocurrido durante el conflicto armado.

Por esta razón, la organización considera que una reducción de los recursos destinados a garantizar su participación podría convertirse en un obstáculo para el ejercicio efectivo de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Con la petición de medidas cautelares, la Fundación busca que el organismo internacional intervenga para prevenir posibles afectaciones a los derechos de las víctimas y solicite al Estado colombiano asegurar las condiciones necesarias para su participación en los procesos de la JEP.