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Defensoría alerta crisis humanitaria en Chocó por grupos armados y efectos del terremoto

Sin culminar el censo de las familias afectadas por el sismo, las comunidades rurales permanecen incomunicadas y sin acceso a ayuda humanitaria.

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4  en Quibdó (Colombia). EFE / Jean Arriaga

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó (Colombia). EFE / Jean Arriaga / Jean Arriaga

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4  en Quibdó (Colombia). EFE / Jean Arriaga

Chocó

La Defensoría del Pueblo alertó un agravamiento de la crisis humanitaria en Chocó, donde en medio de los efectos del terremoto del pasado 10 de agosto se vive una ola de violencia por el actuar de los grupos armados en la región.

La entidad advirtió un deterioro de la seguridad en la subregión del San Juan por la presencia y confrontaciones entre el Clan del Golfo y el ELN, indicando que en municipios como Sipí y Nóvita se han registrado enfrentamientos, ataques con drones explosivos y restricciones a la movilidad de la población.

Según el reporte oficial, el 23 de agosto, tres civiles resultaron heridos en Charco Hondo, Sipí, y 65 familias tuvieron que desplazarse hacia Barrancón. De manera preliminar, unas 652 familias, cerca de 3.000 personas, permanecen confinadas en varias comunidades de Sipí y Nóvita.

La crisis se extiende a otras zonas del departamento, con desplazamientos de comunidades indígenas en la vía Quibdó–Medellín y restricciones a la movilidad en sectores de Medio San Juan, Alto Baudó y Bajo Baudó.

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A este panorama se suma la expansión de la minería ilegal, que afecta a comunidades afrodescendientes e indígenas y genera daños ambientales y nuevas disputas territoriales entre estructuras armadas.

Alerta por crisis humanitaria en Chocó

Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto, la Defensoría verificó daños en viviendas y bienes colectivos, además de afectaciones psicológicas entre la población, además acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina.

En un comunicado advirtió que aún no ha culminado el censo de afectados por el terremoto del 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, mientras varias comunidades rurales permanecen incomunicadas y sin acceso suficiente a ayuda humanitaria.

Ante la situación, la Defensoría del Pueblo pidió al Clan del Golfo y al ELN respetar el Derecho Internacional Humanitario y solicitó al Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó, las alcaldías y la UNGRD acelerar la atención a las víctimas, garantizar ayuda humanitaria y culminar el censo de damnificados por el sismo.

Laura Sampedro

Laura Sampedro

Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...

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