Enfrentamientos entre Clan del Golfo y el ELN dejan más de 1.300 afectados en Chocó: Defensoría

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave situación humanitaria que se está presentando en la subregión del San Juan, en Chocó, donde los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN han provocado desplazamientos y confinamientos de comunidades étnicas.

Según el organismo, los hechos se presentan entre los municipios de Sipí y Nóvita y han aumentado el riesgo para la población del Consejo Comunitario ACADESAN y el pueblo indígena Emberá.

La Defensoría informó que desde el pasado 10 de agosto se registró la presencia de presuntos integrantes del EGC en la comunidad de San Agustín, en Sipí, donde permanecieron durante tres días y restringieron las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de los pobladores, así como sus prácticas ancestrales.

Posteriormente, durante un recorrido realizado el 19 de agosto, la entidad conoció el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento generado por los combates entre el ELN y el Clan del Golfo.

La situación afecta a seis comunidades étnicas de Nóvita y Sipí, con aproximadamente 405 familias, equivalentes a 1.366 personas, que fueron evacuadas hacia la comunidad de Barranco y el municipio de Istmina.

La situación se agravó el pasado 23 de agosto, cuando se registró un ataque con un artefacto aéreo no tripulado cargado con explosivos improvisados, que dejó heridas a tres personas: dos hombres y una mujer.

Como consecuencia de este ataque, 90 familias, correspondientes a 118 personas, se desplazaron hacia las poblaciones de Barranco, Charco Largo y Charco Hondo, comunidades que, a su vez, permanecen confinadas por las restricciones a la movilidad y la presencia de grupos armados organizados.

La Defensoría advirtió que estos hechos generan una grave afectación para 384 familias y 1.339 personas, quienes además temen por una posible contaminación de sus territorios con artefactos explosivos, debido a los recientes ataques en los que se han utilizado drones.

El organismo recordó que los riesgos para la población civil ya habían sido advertidos mediante la Alerta Temprana 012 de 2022, relacionada con el municipio de Sipí, y señaló que la situación responde a la disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales.

Ante esta situación, la Defensoría hizo un llamado “a los grupos armados ilegales, para que respeten estrictamente las normas del Derecho Internacional Humanitario, en particular los principios de distinción, precaución y protección de la población civil”.

También pidió a las autoridades municipales, departamentales y nacionales “que garanticen condiciones seguras para el desplazamiento de las personas que están saliendo de las zonas afectadas, activen de manera inmediata las rutas de atención humanitaria y mantengan un monitoreo permanente frente al riesgo de nuevos desplazamientos o confinamientos”.

Finalmente, la entidad solicitó activar de manera urgente la respuesta humanitaria para las comunidades desplazadas y confinadas, con especial protección para niños, niñas, adultos mayores y población étnica, además de implementar medidas para prevenir nuevos desplazamientos y realizar una misión interinstitucional de verificación y evaluación de necesidades.