Corte Constitucional revisa avances en La Guajira para garantizar derechos del pueblo Wayúu
Presidenta de la veeduría ciudadana para la implementación de la sentencia T-302, destacó la importancia de esta visita judicial.
Corte Constitucional revisa avances en La Guajira para garantizar derechos del pueblo Wayúu . Comunidad Wayúu en la alta Guajira / Foto: Colprensa
La Corte Constitucional realiza una visita de seguimiento en La Guajira para verificar el cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017, que busca garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y familias del pueblo Wayúu, especialmente en acceso al agua, alimentación, salud y participación.
Ruth Chaparro, presidenta de la veeduría ciudadana para la implementación de la sentencia T-302, destacó la importancia de esta visita judicial y reconoció que, aunque se han registrado avances, inversiones y programas por parte del Estado, aún persisten grandes desafíos para superar la crisis humanitaria que afecta a las comunidades Wayúu.
“Nos parece muy importante que se haga un balance de lo que se alcanzó con el gobierno anterior y de los retos que tiene el gobierno entrante. La sentencia cumple nueve años, hay avances, inversiones y programas, pero estamos muy lejos aún de garantizar los derechos fundamentales de los niños Wayúu y sus familias. Tenemos el reto también de que no vaya a haber retroceso en lo que se ha avanzado y que el nuevo gobierno continúe avanzando”, señaló Chaparro.
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Durante la inspección, la Corte Constitucional recorrió diferentes puntos del departamento para revisar en territorio los avances relacionados con el acceso al agua, alimentos, salud, participación comunitaria y transparencia en la ejecución de recursos.
Desde la veeduría ciudadana consideran necesario contrastar los informes oficiales con la realidad que viven las comunidades, debido a que algunos avances pueden quedar registrados en documentos, pero no necesariamente traducirse en una garantía efectiva de los derechos fundamentales de la población Wayúu.
La visita de la Corte se convierte así en un nuevo escenario para evaluar el cumplimiento de la sentencia T-302 y determinar los retos pendientes, nueve años después de que fuera emitida, con el propósito de evitar retrocesos y avanzar en la protección de los derechos de las comunidades afectadas.
