La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta para el sur del departamento de Bolívar

Bogotá

En febrero de este año la Defensoría del Pueblo emitió una alerta para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en el Sur de Bolívar, precisamente donde en las últimas horas 9 policías resultaron heridos por un ataque con drones.

El escenario de riesgo advertido obedecía a la disputa por las rentas de la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, que tienen en esta zona el ELN, el Clan del Golfo o ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y las disidencias de las Farc, ya que existe un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca para mover sus economías ilegales. Esta disputa genera una afectación humanitaria creciente sobre la vida cotidiana de las comunidades, marcada por el miedo, la regulación armada y restricciones a la movilidad.

La Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas, ha documentado la contaminación del territorio con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, con afectaciones directas a bienes y personas civiles.

Adicionalmente, fueron reportados confinamientos masivos: Más de 3.205 familias en 23 comunidades rurales de Montecristo, y secuestros y prácticas de trabajo forzado, que incluyen la coacción a miembros de la comunidad para trasladar personas que quedaron heridas, o los cuerpos de quienes murieron, en combates.

Desde esta entidad piden al Gobierno de Abelardo de la Espriella tener en cuenta con prioridad las alertas emitidas ya que tienen un foco de protección a las comunidades y ayudan a tomar medidas a tiempo antes de que el riesgo se consume como pasó en el municipio de Norosí.