Operaciones suicidas y esclavos sexuales: los hallazgos sobre reclutamiento de menores en el ELN

La condena a más de 20 años de prisión contra varios de los principales integrantes del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos alias Gabino, Pablito, Pablo Beltrán y Antonio García, por el reclutamiento de más de 60 menores de edad, dejó al descubierto detalles sobre la manera en que niños y adolescentes fueron utilizados dentro de esta organización armada.

La decisión judicial que conoció Caracol Radio documenta los diferentes roles que habrían cumplido los menores una vez ingresaban a las filas de la guerrilla, así como los riesgos y formas de violencia a los que fueron sometidos durante su permanencia en la estructura armada.

De acuerdo con la decisión, los menores no solamente eran utilizados para participar directamente en los combates. También desempeñaban labores de apoyo que los mantenían vinculados al conflicto armado y los exponían a situaciones de extrema peligrosidad.

“Una vez reclutados, los niños y adolescentes cumplen roles tanto principales como de apoyo dentro del conflicto armado. Son incorporados en calidad de combatientes directos, o bien como cocineros, cargueros, guardias, mensajeros, espías, informantes, guardaespaldas o ‘campaneros’”, señala el documento judicial.

La decisión también advierte sobre la utilización de niños y niñas para actividades que implicaban graves vulneraciones de sus derechos.

“tanto niños como niñas son, así mismo, utilizados como esclavos sexuales o trabajadores forzados en labores cotidianas”, señala el fallo.

Entre las tareas asignadas a algunos de los menores también estaban aquellas consideradas de alto riesgo, como la manipulación y transporte de elementos utilizados en el conflicto armado.

“Otros son sometidos a tareas excesivamente riesgosas, como la detección de minas o el transporte de municiones y explosivos, o incluso para operaciones suicidas”, precisa la decisión.

El documento judicial sostiene además que los menores recibían un tratamiento similar al de los adultos que integraban las estructuras armadas, incluso frente a los mecanismos de disciplina interna.

“Por lo general reciben el mismo trato que los adultos, incluyendo las violentas ceremonias de inducción y sanciones disciplinarias que incluyen la ejecución extrajudicial”, indica el fallo.

A esto se sumaban los riesgos derivados de permanecer en zonas de confrontación con otros grupos armados y las consecuencias que podían enfrentar quienes intentaran abandonar la organización.

“Además de estar expuestos a los riesgos implícitos en estas actividades, afrontan el riesgo de violentas represalias por los grupos enemigos, o de la ejecución en caso de huir del grupo”, señala la decisión.

El fallo también hace énfasis en las consecuencias que el reclutamiento y la permanencia de los menores en estructuras armadas pueden generar a corto, mediano y largo plazo.

La decisión advierte que la afectación no se limita a los menores que participan directamente en acciones de combate. También alcanza a quienes cumplen funciones de apoyo, debido al entorno de violencia y a la cercanía permanente con las hostilidades.

La sentencia cita además jurisprudencia para señalar que el concepto de menor combatiente comprende a quienes, aunque no participen directamente en enfrentamientos, desempeñan funciones relacionadas con las hostilidades.

“Ya que no es solamente el rol en sí mismo lo que genera efectos nocivos, sino también el clima de violencia y la proximidad al conflicto”, explica el documento.

Según la decisión, quienes logran sobrevivir a estas experiencias pueden enfrentar consecuencias psicosociales profundas derivadas de su paso por las estructuras armadas.

“Quienes sobreviven sufren, invariablemente, profundas consecuencias psicosociales como resultado de su participación en el conflicto”, señala el fallo.

El documento agrega que los traumas asociados con las experiencias vividas durante la guerra, la separación de sus familias y la permanencia como integrantes de grupos armados pueden generar afectaciones individuales de largo alcance.

“A nivel social los menores también sufren efectos negativos”, concluye el apartado de la decisión.