Directora de Implementación del Acuerdo de Paz presentó una denuncia penal contra De La Espriella

Bogotá

La directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el presidente electo Abelardo de la Espriella, por las presuntas conductas de hostigamiento agravado, injuria e instigación a delinquir, derivadas de declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño conocido como ‘Timochenko’ y las personas firmantes del Acuerdo Final de Paz del año 2016.

Recordemos que Abelardo de la Espriella aseguró que Rodrigo Londoño a quien señaló como un criminal de guerra debería estar en la cárcel de por vida y que trabajaría para ello.

Según la denuncia estas expresiones podrían constituir conductas susceptibles de una investigación penal, en la medida que excederían el ámbito de la libertad de expresión para convertirse en mensajes que podrían incentivar la estigmatización, la hostilidad o la violencia contra una persona y contra un colectivo protegido por el Estado colombiano como lo son los y las firmantes del Acuerdo de Paz y sus familias.

Dentro de los argumentos presentados por Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, estos señalamientos por parte de Abelardo de la Espriella son graves porque proviene de quien está llamado a ejercer la presidente a partir del 7 de agosto de 2026, porque puede ser entendido como una presión institucional sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, afectar la confianza pública en sus decisiones y comprometer el deber de respeto y colaboración armónica que los demás poderes públicos deben observar frente a la independencia judicial prevista en la Constitución.

El documento radicado ante la Fiscalía señala que las afirmaciones de Abelardo de la Espriella profundizan la estigmatización de quienes dejaron las armas y le aportaron por la paz y debilitan la implementación de este acuerdo.

La denuncia sostiene que este tipo de expresiones, emitidas en un contexto de persistente violencia contra la población firmante de paz, pueden incrementar los riesgos para su vida e integridad y afectar las garantías de seguridad y no repetición que están previstas en el Acuerdo Final del año 2016 firmado entre las entonces Farc y el Estado colombiano.