Defensora del Pueblo recomienda a gobierno De la Espriella cumplir el Acuerdo de Paz

A pocos días de que se posesione el presidente electo Abelardo de la Espriella, la defensora del Pueblo, Iris Marín, recordó que el próximo gobierno tiene la obligación legal de implementar el Acuerdo de Paz y por eso le recomendó hacerlo.

Según lo establecido en el Acuerdo Final de Paz, específicamente el artículo 2, señala que ese acto legislativo regirá hasta la finalización de tres periodos presidenciales completos posteriores a la firma del acuerdo final.

Es decir, el próximo 7 de agosto, con la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, inicia el tercer periodo de gobierno que, en cabeza del nuevo presidente, “tiene la obligación constitucional de implementar el acuerdo de paz y seguir avanzando hacia nuestra constitución de la paz”, explicó la funcionaria.

A ello agregó que, “en consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los compromisos, el espíritu y los principios del acuerdo final”.

En este sentido, remató diciendo: “recomendamos al nuevo gobierno atender su obligación constitucional de cumplir el acuerdo de paz.

La eliminación del Comisionado de Paz

Entre tanto, el presidente electo aseguró durante este fin de semana que va a eliminar cerca de 229 cargos para ahorrar aproximadamente 10.000 millones de pesos.

Entre estas, se encuentran varias instancias relacionadas en la implementación de La Paz como la Consejería para la Reconciliación Nacional, cuyas funciones pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores.

También Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y sus funciones también serán asumidas por los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.

Asimismo, eliminará la Unidad de implementación del Acuerdo Final y sus funciones pasarán al Comisionado Nacional de Seguridad.

Y la otra que liquidará, quizá la más polémica, es el Comisionado para la Paz, enfatizando en que no habrá más procesos de paz en su gobierno.

Ante ello, la defensora Iris Marín reconoció la facultad que tiene el gobierno de reorganizar el equipo y la institucionalidad de acuerdo con su criterio.

No obstante, afirmó que “los ajustes institucionales deben orientarse a agilizar, a generar más impacto, a no retroceder en dudas sobre si mejor por aquí o por allá. La implementación debe continuar sin traumatismos, y un buen gobierno debe disponer de todo lo necesario para impulsar lo avanzado y corregir lo necesario. La urgencia es para las comunidades, para las víctimas y para los firmantes de paz”.

El costo de la implementación del Acuerdo

En el marco del Congreso Internacional ’10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad’, el Contralor General, Carlos Silgado, reveló que los recursos destinados para la implementación del Acuerdo de Paz ascenderán a 138.1 billones, se incorpora la apropiación presupuestal prevista para 2026.

“Entre 2017 y 2025, la implementación del acuerdo final registró una ejecución acumulada de 127.8 billones expresados en pesos constantes de 2025. Si se incorpora la apropiación presupuestal prevista para 2026, los recursos destinados a la implementación ascenderán a 138.1 billones, equivalentes aproximadamente al 65 % del costo proyectado por el marco fiscal de mediano plazo de 2017 para los 15 años de ejecución del acuerdo”, aseguró el contralor.

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