Empalme de De la Espriella y Gobierno de Petro: ¿qué pasa si no se reanuda? Esto dice la ley

El pasado 7 de junio, el proceso de empalme entre el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella quedó suspendido por los recientes comentarios del actual mandatario en los que no reconoce el triunfo del presidente electo en los comicios del 21 de junio.

Al anunciar que el procedimiento quedó en pausa, el presidente electo declaró: “Yo no podía permitir que el empalme siguiera adelante con un Gobierno que no reconoce el triunfo de este proyecto”.

“Nosotros, con los medios alternativos que tenemos para recabar esa información, vamos a tener, una vez que lleguemos al Gobierno, claridad en cuanto a las cifras que nos entreguen”, detalló el presidente electo.

Este suceso ha generado preguntas sobre qué pasaría si no se reanudaran las reuniones técnicas entre ambos equipos.

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¿Qué dice la ley sobre el empalme presidencial?

El empalme presidencial en Colombia es un procedimiento para garantizar que la transición del poder sea ordenada. Por eso, está respaldado por la ley, pues esta determina cuáles son los deberes de las entidades del Estado y los funcionarios salientes.

El empalme busca que se garantice la continuidad de la administración pública, que se entregue información y que no existan inconvenientes en la prestación de los servicios del Estado en el cambio de gobierno. En cuanto al Gobierno Nacional, este comienza semanas antes de la posesión presidencial y consiste en la realización de mesas técnicas en las que participan delegados del gobierno saliente y representantes designados por el presidente electo.

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El proceso de empalme está contemplado en la Ley 951 de 2005: esta determina el papel de los servidores públicos que, al terminar sus funciones, deben entregar en orden los asuntos y recursos de los que han sido responsables. Lo que busca esta norma es que exista transparencia, continuidad administrativa y una adecuada rendición de cuentas.

En diálogo con Caracol Radio, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry precisó que dicha ley “no propiamente regula el empalme, sino las obligaciones que tiene el servidor público saliente frente al entrante”.

“(El funcionario saliente) debe rendir un informe de gestión dentro de los 15 días hábiles siguientes a su retiro y el servidor entrante tiene 30 días después de recibir el informe para pedir verificaciones o comprobar que lo que le dicen es cierto e incluso pedir aclaraciones”, precisó el jurista.

No obstante, Charry aclaró que, si bien esta ley detalla una serie de temas, “no hay un empalme como el que estamos viendo”. Para el abogado, lo que hemos visto es “una coordinación entre el equipo del presidente entrante con los distintos funcionarios del Gobierno saliente para estar informados de toda la gestión”. Eso, agregó, no está regulado en la ley.

Por otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) ha determinado los procedimientos para la entrega de información de gestión institucional, estado de las iniciativas, ejecución presupuestal y otros aspectos que debe conocer el gobierno entrante.

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¿Qué pasa si no se reanuda el empalme entre Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro?

En Colombia, las leyes no contemplan una sanción por el hecho de que las reuniones de empalme se suspendan temporal o definitivamente.

No obstante, el Gobierno saliente sigue obligado a entregar la información y rendir cuentas sobre el estado de su gestión. Por eso, la entrega de informes, documentos y soportes debe ocurrir a pesar de que existan o no reuniones presenciales entre los equipos.

Charry explicó que la ley en cuestión, que se aplica a las tres ramas del poder público, no prevé una suspensión: “Ahí lo que hay es la obligación de dar un informe en un tiempo y el plazo que tiene el funcionario entrante para hacer verificaciones y pedir complementaciones”.

En caso de que un funcionario o una entidad no entreguen la información que se les pide, o que esta esté incompleta, en el futuro podrían enfrentar investigaciones disciplinarias, fiscales o incluso penales. Todo depende de la gravedad del hecho.

De hecho, la nueva administración incluso puede solicitar información adicional después de haber asumido el poder, además de adelantar auditorías o revisiones si así lo considera necesario.

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¿Suspender el empalme puede afectar la posesión del nuevo presidente?

La eventual falta de continuidad del empalme no impide la posesión del presidente electo ni modifica los plazos constitucionales para el cambio de mando.

De acuerdo con la Constitución política, el nuevo mandatario debe asumir su cargo en la fecha prevista. A partir de ese momento, asume por completo las facultades para nombrar a su gabinete, dar instrucciones a las entidades del Estado y adoptar decisiones correspondientes a la Presidencia.

Esto significa que el empalme facilita la transición, pero no constituye un requisito para que se produzca el relevo presidencial.

“El presidente entrante se posesiona ante el Congreso de la República, no tiene que entrevistarse ni verse con el presidente saliente para efectos de la posesión. Para efectos del informe, ya es recibirlo, verificarlo y pedir aclaraciones o complementaciones si es del caso”, explicó el abogado Charry.

En otras palabras, agregó el constitucionalista, “lo que estamos viendo es la información mediática de una coordinación diligente y previa a las obligaciones de la Ley 951″.

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