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Colegio Refous: empresa que le prestó plata denuncia estados financieros; SuperSociedades responde

Obligaciones vencidas por más de 90 días, nuevas deudas que aparecieron tras la muerte del gerente y un lote valorado en seis veces más de su precio real, son algunas de las presuntas inconsistencias que denuncia unos de los reclamantes.

¿Hay dilación en el proceso del colegio Refous? SuperSociedades responde

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El Colegio Refous enfrenta un proceso de reorganización empresarial desde febrero de este año por las millonarias deudas que ascienden a $30.000 millones. En medio de ese proceso se conocieron denuncias de acreedores por presuntas inconsistencias en sus estados financieros.

En 6AM W Óscar Gómez Marín, gerente y dueño de la empresa Estructuración Inmobiliaria, reveló que le prestó cerca de $20.000 millones entre 2022 y 2024 a la institución, pero que prácticamente fue engañado al momento de otorgarle un crédito pues no sabía de la crisis financiera.

Por tanto, esta empresa, que es el mayor reclamante, cuestionó la forma en que el colegio manejó su información financiera: “Nos pidieron más recursos cuando nos decían que el colegio iba muy bien, y luego entran en insolvencia (...) eso nos deja fuera de base”, afirmó.

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Incluso, el empresario advirtió posibles inconsistencias en los reportes entregados: “Ellos debían presentar estados financieros en febrero y no lo hicieron (...) pedimos que se revisen muy bien porque hay información que no coincide”.

Por su parte, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, explicó en 6 AM W que el caso se encuentra dentro de los tiempos legales y que no hay dilaciones.

Escobar indicó que los tiempos del proceso están dentro de los plazos legales y que, tras su admisión el 23 de febrero de 2026, la reorganización podría resolverse en un periodo estimado de entre ocho meses y un año.

“Estamos en la verificación de los activos y la calificación de los créditos (...) en dos días, el colegio tendrá que presentar el inventario actualizado y certificado”, señaló, al tiempo que indicó que los acreedores tendrán diez días adicionales para presentar objeciones.

Señales de deterioro financiero

De acuerdo con información conocida en el proceso, revelada por Estructuración Inmobiliaria, desde 2025 el colegio ya presentaba signos de insolvencia, con obligaciones vencidas por más de 90 días que alcanzaban una cifra de más de $29.000 millones, es decir, más del 90% de su pasivo total.

A esto agregó que entre 2022 y 2025, recibió préstamos por más de $18.000 millones, recursos que, según los acreedores, habrían sido otorgados con base en información financiera que no reflejaba la situación real de la institución.

Dentro de los hallazgos, la empresa descubrió “la aparición de nuevas obligaciones por $4.730 millones tras el fallecimiento del anterior gerente en 2025, respaldadas en pagarés que no figuraban previamente en la contabilidad oficial”.

Adicionalmente, el empresario cuestionó la inclusión de un lote en Chía (Sindamanoy) registrado por $6.000 millones, pese a que su valor comercial sería cercano a más de $1.000 millones. Incluso, se detectó una inconsistencia en su ubicación, pues aparece registrado como si estuviera en Cota.

También el acreedor identificó cuentas por cobrar por más de $1.600 millones relacionadas con préstamos a personas vinculadas, así como giros por $2.900 millones a una empresa asociada a obras civiles, lo que aumenta las dudas sobre el manejo de los recursos.

Medidas judiciales

En paralelo, el juzgado 19 civil del circuito de Bogotá ordenó medidas cautelares de secuestro sobre algunos activos y derechos del colegio. Sin embargo, los acreedores aclararon que estas acciones no buscan afectar la operación educativa.

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“Nosotros no vamos a tocar a los niños, ni vamos a tocar el colegio, sino básicamente esto entraría en un proceso de secuestro del inmueble y de administración del predio. Nuestro objetivo jamás ha sido afectar a los estudiantes, ni frenar las clases porque hemos solicitado precisamente a las alcaldías acompañamiento y la personería garantizándole la defensa a los menores. Aquí el único propósito nuestro es que no sigan en dilación”, argumentó Gómez.

Desde la Superintendencia, se insiste en que el proceso busca un acuerdo entre acreedores y deudores. Escobar reveló que, de forma preliminar, la entidad reporta activos por más de $61.000 millones de pesos frente a pasivos de $33.000 millones, lo que indicaría capacidad de respuesta, aunque esta información aún está en verificación.Escuche la entrevista completa aquí:

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